En 2023, Uganda aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo contra la comunidad LGBT. Lejos de quedar como un gesto político aislado, la Ley Antihomosexualidad sigue aplicándose con consecuencias concretas. El arresto reciente de dos jóvenes en el norte del país volvió a poner el foco en una normativa que contempla cadena perpetua e incluso pena de muerte en determinadas circunstancias.
La ley fue promulgada por el presidente Yoweri Museveni tras un amplio respaldo parlamentario y en medio de fuertes críticas de gobiernos occidentales y organismos internacionales. El texto penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y también lo que denomina “promoción de la homosexualidad”.

Dentro de sus disposiciones más controvertidas aparece la figura de “homosexualidad agravada”, que puede castigarse con la pena capital. Esa categoría incluye reincidencia, vínculos con menores o situaciones en las que se alegue transmisión de enfermedades graves.
El 18 de febrero, en la ciudad de Arua, dos mujeres de 21 y 22 años fueron detenidas luego de que vecinos denunciaran que se estaban “besando abiertamente” en público. Según la policía, se las investiga por participar en actos considerados de naturaleza sexual entre personas del mismo sexo.

Por el momento, el caso no fue encuadrado como “agravado”, pero podría derivar en penas de prisión severas si la fiscalía formaliza cargos bajo la figura general, que prevé cadena perpetua. El episodio ocurre pocas semanas después de que un tribunal desestimara un proceso por homosexualidad agravada contra otro acusado, en un fallo que algunos activistas interpretaron como un límite al uso indiscriminado de la ley, aunque sin cuestionar su validez.
Hasta el momento, las autoridades no informaron si la fiscalía formalizó cargos ni cuál será la calificación definitiva del caso, lo que deja abierta la posibilidad de que la acusación evolucione en las próximas semanas, mientras las jóvenes continúan detenidas.
Desde su entrada en vigor, la norma provocó sanciones diplomáticas y tensiones económicas. Algunos programas de cooperación internacional fueron suspendidos y organismos financieros revisaron su relación con Kampala.
Sin embargo, el gobierno defendió la ley como una decisión soberana basada en valores culturales propios. Casi tres años después de su promulgación, la legislación no solo permanece intacta sino que continúa generando detenciones, manteniendo a Uganda en el centro de un debate global que combina derechos humanos, política interna y relaciones internacionales.
