Dos muertes en una celda y una investigación bajo sospecha: qué pasó en la cárcel de Bouwer

La madrugada del 20 de diciembre de 2025 terminó en tragedia dentro de la Cárcel de Mujeres de Bouwer, en Córdoba. En una celda de aislamiento, un incendio provocó la muerte de Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y de otra interna, Evelin Romina Charras. Dos meses después, el caso sigue bajo investigación, mientras la familia de la joven exige respuestas y denuncia irregularidades que, sostienen, podrían haber sido determinantes.

La madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, solicitó formalmente ser reconocida como querellante particular con el objetivo de impulsar la causa y esclarecer las circunstancias en las que murió su hija, quien se encontraba bajo custodia del Estado y no tenía condena firme.

Según la presentación judicial, la joven había sido trasladada al penal para facilitar el contacto con su familia durante las fiestas de fin de año, especialmente con su hija menor. Sin embargo, esa estadía terminó en un episodio fatal que ahora es objeto de investigación judicial.

La querella, representada por el abogado Diego Casado, apunta a una serie de presuntas fallas en los protocolos de seguridad. Entre los puntos señalados figuran la presencia de colchones inflamables en la celda, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos, elementos que habrían contribuido a la propagación del fuego.

Uno de los aspectos más sensibles es la denuncia de que el personal penitenciario habría demorado la apertura de las puertas, pese a los pedidos de auxilio de Pedraza. Además, la familia sostiene que otras internas fueron evacuadas antes, lo que, según su planteo, agrava la responsabilidad del Estado.

“El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, sostuvo Romero en el escrito presentado ante la Justicia.

La investigación también busca determinar si existieron maniobras orientadas a alterar o coordinar las declaraciones del personal penitenciario. De acuerdo con la denuncia, algunos agentes habrían mantenido reuniones con autoridades antes de prestar testimonio, lo que generó sospechas sobre un posible encubrimiento.

En ese marco, la querella solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas la incorporación del libro de guardia del día del incendio, los protocolos de emergencia, los registros de mantenimiento de los equipos de seguridad y la nómina del personal que estaba de turno.

También pidieron preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad, acceder a los informes de autopsia y realizar peritajes técnicos que permitan reconstruir cómo se inició el fuego y cómo fue la respuesta del personal.

Para la familia, el caso podría encuadrarse en delitos como abandono de persona seguido de muerte o homicidio agravado por abuso de función, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación.

Además de la eventual responsabilidad penal, la presentación también plantea la posibilidad de que el Estado provincial enfrente consecuencias civiles e incluso internacionales por las condiciones de detención y el accionar durante la emergencia.

A dos meses de la tragedia, la causa continúa en trámite en la Justicia cordobesa. Mientras tanto, la familia insiste en que se investigue a fondo lo ocurrido y que se establezcan las responsabilidades por la muerte de la joven dentro de una celda donde el Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad.