“No hay peor daño ambiental que la pobreza”: la frase de Jalil que divide al Senado

Antes del tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la iniciativa impulsada por el oficialismo y dejó una definición que rápidamente se instaló en la discusión política: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”.

En declaraciones radiales, el mandatario sostuvo que el debate sobre la actividad minera debe analizarse en conjunto con la realidad económica de las provincias cordilleranas. Según explicó, la minería representa una fuente central de empleo y desarrollo regional. “Si hoy no tuviéramos minería, tendríamos 7.000 empleos menos”, afirmó, al tiempo que planteó que cada emprendimiento debe evaluarse según el balance entre impacto ambiental y beneficio social.

Jalil remarcó que la actividad minera atraviesa múltiples instancias de control antes de su aprobación. Detalló que los proyectos deben superar evaluaciones ambientales, económicas y sociales para obtener la Declaración de Impacto Ambiental, e indicó que parte de los recursos generados por regalías y fondos adicionales se destinan directamente a comunidades locales, obras públicas y diversificación productiva.

El gobernador vinculó además la discusión legislativa con el federalismo y la administración de los recursos naturales. Recordó que la Constitución Nacional reconoce la potestad provincial sobre esos recursos y sostuvo que la reforma busca devolver capacidad de decisión a las jurisdicciones mineras, en línea con los planteos realizados por gobernadores ante el presidente Javier Milei.

Federalismo y recursos

El tratamiento del proyecto cuenta con respaldo de mandatarios de provincias cordilleranas como Jujuy, Salta, Catamarca o Santa Cruz, donde la minería constituye uno de los principales motores económicos. Desde esos distritos sostienen que la modificación normativa permitirá mayor previsibilidad para inversiones estratégicas, especialmente en el sector del litio.

Mientras sectores ambientalistas advierten sobre posibles riesgos para ecosistemas sensibles, los gobiernos provinciales insisten en que el desafío pasa por compatibilizar controles ambientales estrictos con desarrollo económico. En ese marco, Jalil planteó que el debate excede la coyuntura política y debe enfocarse en reducir desigualdades estructurales en regiones históricamente postergadas. La discusión en el Senado volverá a poner en tensión dos modelos de desarrollo: la preservación ambiental restrictiva y la explotación regulada de recursos naturales como vía de crecimiento.