El Gobierno acelera reformas y busca aprovechar su mejor momento legislativo

El Gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos políticos más sólidos desde la llegada al poder y apuesta a capitalizar esa ventaja con un paquete amplio de reformas durante 2026. En la Casa Rosada consideran que el actual equilibrio parlamentario configura una “ventana de oportunidad” limitada para avanzar en transformaciones estructurales antes de que el calendario electoral complique los acuerdos.

El fortalecimiento oficialista se apoya en los últimos resultados legislativos y en una coordinación política más aceitada entre el Ejecutivo y los bloques aliados. En ese marco, La Libertad Avanza proyecta enviar cerca de 50 iniciativas al Congreso, luego de que cada ministerio recibiera la instrucción de elaborar paquetes propios de reformas para la nueva etapa de gestión.

Durante las reuniones de la mesa política y del Gabinete realizadas esta semana, el diagnóstico fue coincidente: el primer semestre aparece como el período más favorable para sancionar leyes clave. Sin embargo, operadores oficialistas admiten en privado que la predisposición de sectores dialoguistas podría disminuir a medida que se acerquen las elecciones provinciales y nacionales.

En el oficialismo entienden que muchos gobernadores y bloques aliados acompañaron iniciativas centrales mientras el costo político fue administrable, pero anticipan que esa lógica cambiará cuando comience la competencia electoral en los distritos. Por eso, la estrategia apunta a priorizar reformas consideradas indispensables y evitar proyectos secundarios que tensionen negociaciones todavía abiertas.

Reformas prioritarias

Entre las iniciativas centrales aparece la reforma electoral, que incluiría la eliminación de las PASO, modificaciones en la Boleta Única de Papel y cambios en el financiamiento partidario. También figura la actualización del Código Penal, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, junto con una futura reforma tributaria que el Gobierno evalúa con cautela debido a la fragilidad fiscal.

Tras la modernización laboral -considerada el primer paso del programa económico- el Ejecutivo pretende avanzar con cambios impositivos y administrativos, aunque dentro del propio Gobierno reconocen que la situación de ingresos limita cualquier reducción significativa de la recaudación en el corto plazo. En ese contexto, la prioridad oficial pasa por consolidar reformas de alto impacto antes de que se cierre el margen político que hoy ofrecen los aliados parlamentarios.