Genocidio maya en Guatemala: por qué el 25 de febrero vuelve a incomodar al poder

El 25 de febrero marca en Guatemala una jornada de memoria institucional dedicada a las víctimas del conflicto armado interno que se extendió entre 1960 y 1996. La fecha coincide con la presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999, un documento que sistematizó décadas de violencia política. Desde entonces, el día funciona como recordatorio oficial de una etapa que redefinió el tejido social del país. La conmemoración no es meramente simbólica, sino parte de un proceso inacabado de reconstrucción nacional.

Durante más de tres décadas, el enfrentamiento entre fuerzas estatales y movimientos insurgentes dejó una huella profunda en comunidades rurales e indígenas. El informe concluyó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos fueron atribuidas a estructuras estatales, incluyendo actos que la comisión calificó como genocidio contra pueblos mayas. Esa conclusión transformó la narrativa histórica y elevó el debate sobre responsabilidad institucional a un plano estructural.

Guatemala

Verdad histórica y justicia pendiente

El reconocimiento oficial de los hechos no cerró las tensiones judiciales ni políticas. Diversos procesos contra exfuncionarios y mandos militares avanzaron de manera intermitente, en un contexto de presión internacional y resistencia interna. La búsqueda de justicia se convirtió en un eje central del debate público, especialmente para organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares.

Al mismo tiempo, sectores políticos han cuestionado el alcance de las conclusiones de la comisión y la interpretación jurídica de los crímenes. Esa disputa evidencia que la memoria del conflicto sigue atravesada por clivajes ideológicos y generacionales. La justicia transicional, lejos de ser un capítulo cerrado, permanece como un terreno de confrontación institucional.

Toda la comunidad de Xecol, Chajul, recibe los restos de una de las víctimas asesinadas por el ejército en 1986.

Reconstrucción y desafío democrático

Más allá del pasado, la jornada interpela la capacidad del Estado guatemalteco para consolidar garantías democráticas sostenidas. El conflicto dejó como herencia desigualdades persistentes, desconfianza en las instituciones y fracturas territoriales. La construcción de políticas públicas inclusivas se presenta como condición necesaria para evitar la repetición de dinámicas violentas.

El 25 de febrero se conmemoraron 20 años desde que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presentara su informe: “Guatemala Memoria del Silencio”.

El 25 de febrero, en ese sentido, no solo mira hacia atrás. También plantea la necesidad de integrar memoria, reparación y fortalecimiento institucional en un mismo horizonte político. La estabilidad democrática dependerá de cómo Guatemala articule verdad histórica con reformas estructurales, evitando que el recuerdo del conflicto quede reducido a un acto protocolar sin consecuencias reales.