La muerte de una mujer mientras aguardaba la entrega de medicamentos volvió a colocar al sistema sanitario colombiano en el centro de la discusión pública. El caso, ocurrido en un punto de dispensación vinculado a la intervenida Nueva EPS, generó indignación social y presión política inmediata. Más allá del hecho puntual, el episodio reveló la vulnerabilidad de miles de pacientes que dependen de la continuidad farmacológica para sostener tratamientos crónicos. La escena sintetiza una crisis que ya no puede leerse como aislada.
Colombia construyó durante décadas un modelo de aseguramiento mixto que combinó cobertura amplia con administración privada de recursos públicos. Sin embargo, los retrasos en pagos, la intervención estatal de varias entidades y la tensión regulatoria han deteriorado la cadena operativa. Cuando el flujo financiero se interrumpe, el impacto se traslada rápidamente a farmacias y hospitales. En ese contexto, la espera por un medicamento se transforma en un riesgo vital.
La administración del presidente Gustavo Petro impulsa una transformación estructural que busca reducir la intermediación de las EPS y fortalecer un esquema más centralizado. El Ejecutivo sostiene que el modelo actual prioriza la rentabilidad sobre el derecho a la salud, mientras que sectores empresariales advierten sobre el peligro de desfinanciar la red prestadora. En medio de esa disputa, la gestión cotidiana quedó expuesta a fallas de coordinación y liquidez. La crisis operativa comenzó a tener rostro humano.
Organizaciones de pacientes y la Defensoría del Pueblo han señalado que el problema excede la discusión ideológica. Reclaman medidas inmediatas para garantizar suministro continuo, pagos a proveedores y protocolos de contingencia efectivos. La crítica principal apunta a la falta de respuesta ágil ante alertas reiteradas. Cuando el debate estructural absorbe la agenda, la gestión diaria pierde prioridad y las consecuencias recaen sobre los sectores más vulnerables.

El episodio profundiza la polarización en el Congreso y fortalece los argumentos de la oposición, que atribuye la crisis a una transición mal administrada. El oficialismo, por su parte, insiste en que las dificultades derivan de fallas acumuladas del sistema previo. Esta confrontación complica la construcción de consensos técnicos necesarios para estabilizar el sector. Sin acuerdos mínimos, la incertidumbre regulatoria puede extenderse.

La sostenibilidad del sistema dependerá ahora de la capacidad del Gobierno para restaurar la cadena de pagos y asegurar abastecimiento farmacéutico sin demoras. Si no se corrigen las distorsiones financieras y administrativas, el deterioro podría profundizarse. El desafío no es únicamente normativo, sino de ejecución efectiva y supervisión constante. La crisis sanitaria se ha convertido en un punto de inflexión para la arquitectura institucional del país.