Ley de Glaciares: los 3 cambios que Milei metió para no sufrir en el Senado

El Senado de la Nación definirá este jueves 26 de febrero el futuro de la Ley de Glaciares. Tras una serie de reuniones a puertas cerradas, el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones estratégicas en el texto original para asegurar el acompañamiento de los gobernadores de provincias mineras y de un sector de la oposición dialoguista.

Los cambios buscan flexibilizar las restricciones actuales para permitir inversiones en minería, cobre y litio. El oficialismo necesita 37 votos y confía en obtenerlos mediante un acuerdo que otorga mayor autonomía a las provincias y redefine qué cuerpos de hielo deben ser protegidos por el Estado.

La respuesta a quién decidirá el futuro de las reservas de agua es clara: con la nueva ley, cada provincia tendrá la potestad de determinar, mediante sus propios estudios técnicos, qué glaciares cumplen una función hídrica relevante y cuáles pueden quedar habilitados para la actividad industrial.

1. ¿Cómo cambia el concepto de "reserva de agua"?

El primer cambio clave es la introducción de la "relevancia hídrica". En la ley vigente, todos los glaciares y el ambiente periglacial (suelos congelados con hielo) están protegidos de forma automática. La reforma establece que la protección solo se mantendrá si se demuestra que el cuerpo de hielo funciona como una reserva estratégica de agua para el consumo humano o la agricultura.

Esto significa que muchas geoformas que hoy están en el Inventario Nacional de Glaciares podrían perder su blindaje legal si la autoridad provincial considera que su aporte de agua no es significativo. Según la senadora Flavia Royón, "está todo prohibido en lo que está hoy contenido en el inventario, hasta tanto no se compruebe con estudios técnico-científicos que no tiene ninguna función que afecte al agua".

2. ¿Qué poder tendrán los gobernadores sobre el inventario?

El segundo punto negociado es el desplazamiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Si bien el organismo seguirá existiendo, las provincias podrán informar la baja de áreas protegidas si sus propios técnicos determinan que ya no cumplen funciones hídricas.

Este punto es el que más interesa a mandatarios como Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca). Para estos distritos, el inventario actual es "de escritorio" porque se hizo con imágenes satelitales. Con la nueva norma, el trabajo de campo de las provincias tendrá la última palabra para autorizar proyectos mineros.

3. ¿Qué es el "maquillaje legal" para los aliados?

Para convencer a senadores de la UCR y el PRO que temían un costo político ambiental, la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, sumó párrafos que mencionan el cumplimiento de la Ley General del Ambiente y el monitoreo de caudales de agua.

Sin embargo, especialistas como Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, sostienen que estos agregados son "cambios cosméticos" o "redundancia legislativa" para dar una sensación de control que ya existe en otras leyes, sin modificar el fondo de la reforma: la habilitación de la minería en zonas hoy vedadas.

¿Cuál es el impacto real en la economía y el ambiente?

El oficialismo argumenta que la ley actual es "letra muerta" y que impide el desarrollo humano. Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que esta reforma es "peligrosa" porque los glaciares son reguladores del clima y reservorios ante sequías.

La votación en el Congreso de la Nación dependerá de un puñado de senadores del PJ que responden a gobernadores cordilleranos. Para Jalil, la postura es firme: "No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza".