La paritaria docente en Santa Fe entró en una fase de máxima tensión que trasciende la discusión salarial técnica. El conflicto se trasladará a las calles con el regreso de la Carpa Blanca, un emblema de resistencia educativa que no se veía con esta intensidad desde los años 90. La medida busca visibilizar el malestar de los maestros frente a una oferta del Ejecutivo que consideran insuficiente.
El escenario actual pone en duda la normalidad del ciclo lectivo. Mientras el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ratifica que no habrá nuevas propuestas y confirma sanciones económicas para quienes se sumen a las medidas de fuerza, los sindicatos unifican su estrategia para nacionalizar el reclamo desde el territorio santafesino.
El impacto de esta medida no solo afecta la agenda política, sino que altera la organización de miles de familias. La decisión de los gremios de instalar estas carpas en puntos estratégicos de la provincia marca un punto de no retorno en la negociación con la Casa Gris.
El dato clave que define este conflicto es que, pese al rechazo gremial, el Ministerio de Educación confirmó que un maestro de grado inicial con 25 horas frente al aula percibirá un salario base de $1.300.000 a partir de febrero, cifra que el oficialismo califica como "la mejor paritaria del país".
La decisión de AMSAFE y SADOP de retomar este símbolo histórico responde a un sentimiento de "humillación" que manifiestan las bases docentes. Los gremios interpretan que el gobierno provincial ha "quemado los puentes" al priorizar el control del ausentismo por sobre la recuperación del poder adquisitivo.
La instalación de las carpas blancas en distintas localidades funcionará como centros de protesta y asambleas permanentes. Los dirigentes sindicales recordaron que el acuerdo vigente vence en junio y que la reapertura de la discusión es inevitable ante el contexto inflacionario nacional.
El ministro de Educación, José Goity, fue categórico al anunciar las consecuencias administrativas de las medidas de fuerza. "El jueves se anunciará el descuento del día de paro a los docentes que adhieran", adelantó el funcionario, marcando una postura de rigidez que busca desincentivar la adhesión al paro programado para el 2 de marzo.
Desde la gestión de Maximiliano Pullaro sostienen que el esfuerzo presupuestario es el máximo posible ante la caída de la coparticipación federal, que en 2025 registra una baja real del 8,8%. El oficialismo defiende programas como la Asistencia Perfecta, argumentando que no son un castigo sino un "incentivo" para garantizar la continuidad pedagógica.
La tensión se trasladó a los actos públicos. En localidades como Esperanza y Rafaela, grupos de docentes autoconvocados increparon al mandatario provincial al grito de "mentiroso". Durante la inauguración de la Escuela Técnico Profesional N° 644, el gobernador intentó minimizar las protestas sonriendo ante las cámaras y afirmando: "traje hinchada".
Sin embargo, el clima político se enrarece con las críticas de exaliados. La exministra de Educación, Claudia Balagué, cuestionó la actitud del mandatario al compararla con otros sectores: "Con la policía no te hiciste el chistoso", lanzó en redes sociales, aludiendo a la reciente resolución del conflicto con las fuerzas de seguridad.
Mientras la provincia arde, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de "Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo". Esta iniciativa, firmada por bloques de la oposición como Unión por la Patria y Encuentro Federal, busca utilizar el 1% de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) para financiar un complemento federal docente de $52.269 mensuales por cargo.
Este movimiento legislativo busca presionar al Gobierno de Javier Milei para que restablezca fondos como el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), cuya eliminación agravó la crisis financiera en las provincias y profundizó el conflicto en Santa Fe.
TM