27/02/2026 - Edición Nº1116

Política

Derechos reproductivos

Presentan amparo colectivo para garantizar el acceso efectivo al aborto legal

26/02/2026 | La Justicia Federal informó que está en curso una causa que busca asegurar la provisión de insumos y el cumplimiento pleno de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país.



El Juzgado Federal N° 2 de La Plata dio curso a un amparo colectivo -expediente N° FLP 1876/2025- presentado por la Asociación Civil “La Ciega” contra el Ministerio de Salud de la Nación, a raíz de lo que califican como “omisión estatal” en la compra y distribución de medicamentos esenciales para garantizar abortos seguros en hospitales públicos.

El reclamo, promovido bajo la figura de “acción preventiva de daño”, apunta a que la cartera sanitaria no ha ejecutado las gestiones necesarias para adquirir y distribuir misoprostol y mifepristona -los fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para procedimientos seguros de IVE—, lo que, según los demandantes, “vulnera derechos sexuales y reproductivos” a pesar de que la Ley 27.610 que regula el aborto legal está vigente.

El Ministerio difundió en el Boletín Oficial la existencia de esta causa y abrió un plazo de 30 días corridos para que “personas gestantes y organizaciones” que se consideren afectadas puedan sumarse al proceso como parte interesada. La idea de la acción colectiva es que no se trate de un caso individual, sino de un reclamo que protege derechos de todas las personas en condiciones de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud.

La causa fue ratificada por la Cámara Federal de La Plata a fines de 2025, que confirmó la legitimación de la Asociación Civil “La Ciega” para representar este reclamo y validó la publicidad de la demanda a través de medios oficiales. En el marco de la causa, se discute si la falta de insumos y otras barreras prácticas constituyen una vulneración de los derechos que la ley IVE consagra, quienes defienden la iniciativa argumentan que la omisión estatal genera un “daño irreparable” al impedir el ejercicio pleno de ese derecho.