El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado de la Nación reflotó uno de los hitos más polémicos de la política ambiental argentina: el veto total de 2008. Durante la sesión de este jueves el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, afirmó que la normativa actual "nació torcida" debido a ese antecedente histórico que anuló una ley aprobada por unanimidad.
La discusión legislativa busca modificar la ley vigente desde 2010 para permitir actividades productivas en zonas periglaciares que no cumplan una "función hídrica efectiva". El oficialismo sostiene que es necesario terminar con una "ambigüedad jurídica" que paraliza el desarrollo de las provincias cordilleranas.
El veto presidencial de 2008 anuló una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación bajo el argumento de que prohibir actividades mineras en zonas periglaciares afectaba el desarrollo económico provincial.
En noviembre de 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1837/2008 para vetar totalmente la primera ley de protección de glaciares. La norma había sido impulsada por la exdiputada Marta Maffei y contaba con el respaldo de científicos del IANIGLA y el CONICET.
La decisión presidencial se basó en informes de la Secretaría de Minería, que advertían que la ley establecía prohibiciones "absolutas". Olivera Lucero recordó en el recinto que "las explicaciones decían que esta ley afectaba el desarrollo de las provincias" y que hoy, 18 años después, se intenta corregir una "ley mala".

El rechazo presidencial de 2008 fue bautizado por organizaciones ambientales y sectores de la oposición como el "veto Barrick". La denuncia apuntaba a que la medida respondía a presiones de la empresa canadiense Barrick Gold, que en ese momento desarrollaba el proyecto binacional Pascua Lama en la frontera con Chile.
El exdiputado Miguel Bonasso denunció entonces que la multinacional presionó para evitar que la ley protegiera el ambiente periglaciar, donde se ubicaban sus yacimientos. Tras el veto, se inició un nuevo proceso que culminó en 2010 con la sanción de la ley actual, la cual fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2019.

El proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei propone acotar el objeto de protección a los cuerpos de hielo que tengan un aporte hídrico relevante para las cuencas. Según Olivera Lucero, la legislación vigente trata igual a una "geoforma que aporta un recurso hídrico" que a una "roca congelada a 4.000 metros de altura que no tiene ninguna injerencia hídrica".
La reforma pretende devolver a las autoridades locales la facultad de decidir sobre sus recursos, basándose en estudios de campo y no solo en imágenes satelitales. "Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica", cuestionó el senador, comparando la situación local con la de países como Chile, Perú, Estados Unidos o Canadá.
TM