El Senado de la Nación otorgó este jueves la media sanción al proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa obtuvo el respaldo necesario tras una jornada marcada por intensas negociaciones con bloques dialoguistas y una protesta de la organización Greenpeace frente al palacio legislativo.
La reforma busca flexibilizar la actual Ley 26.639, vigente desde 2010, con el objetivo de facilitar inversiones en proyectos de minería metalífera e hidrocarburos en zonas de alta montaña. El texto aprobado redefine qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y otorga facultades de decisión directa a las provincias sobre sus recursos naturales.
El cambio fundamental radica en que la protección ya no es automática para todo el ambiente periglacial: ahora solo se preservarán las geoformas que actúen como "reservas estratégicas de recursos hídricos", permitiendo la minería en áreas que antes estaban prohibidas si se demuestra técnicamente que no aportan agua a las cuencas.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley anterior ofrecía un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial, el nuevo texto limita esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una "función hídrica efectiva y estratégica" para la recarga de cuencas hidrográficas.
El dictamen con modificaciones introdujo cambios de último momento en el artículo 2, especificando que se individualizarán los glaciares y geoformas que "actúen" como proveedores de agua. Esto implica que aquellas formaciones que no realicen un aporte hídrico medible podrían quedar fuera del inventario de protección.
La media sanción del Senado establece un nuevo marco jurídico basado en los siguientes ejes:
El senador Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto sosteniendo que la ley actual era "técnicamente deficiente" y que "nació torcida" tras el veto de Cristina Kirchner en 2008. "Esta ley protege la geoforma que cumple efectivamente una función hídrica, no sobre todo lo demás", afirmó el legislador sanjuanino.
Por su parte, el senador Flavio Fama de la UCR acompañó la iniciativa argumentando que la normativa de 2010 "se transformó en una ley rígida, con zonas grises y tensiones federales" que paralizan inversiones en provincias pobres. Asimismo, Luis Juez, del bloque PRO, cuestionó la postura de la oposición actual recordándoles que en 2010 el bloque oficialista de aquel entonces "votó diametralmente en contra" de la protección de los hielos.
El senador Jorge Capitanich anticipó su rechazo advirtiendo que los glaciares son "activos ambientales decisivos para la vida humana" y que Argentina posee una de las mayores extensiones del hemisferio sur. "No estamos discutiendo un tema abstracto, sino la garantía de recursos esenciales para el desarrollo", enfatizó el legislador chaqueño.
En la misma línea, Carlos Linares de Chubut criticó el procedimiento de introducir cambios sobre el cierre de la sesión. "No se puede cambiar una ley a la 1.35 de la mañana otra vez... nos están utilizando a todos", sentenció. La senadora Anabel Fernández Sagasti también apuntó contra el "nuevo hábito del Gobierno" de poner modificaciones sobre las bancas al inicio del tratamiento, calificando la reforma como un "retroceso" que flexibiliza estándares ambientales.

En la previa del debate, activistas de la organización ambiental Greenpeace realizaron una puesta en escena en las escalinatas del Congreso de la Nación. Con el mensaje "senadores: no se caguen en el agua", los manifestantes representaron a legisladores sentados en inodoros para simbolizar lo que consideran un desprecio por la seguridad hídrica del país.
Diego Salas, director de programas de la organización, explicó que la reforma "debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares". Por su parte, la bióloga Agostina Serra advirtió que delegar la protección en las provincias permitirá que el estándar sea definido por intereses locales, lo que es "inconstitucional" y vulnera el artículo 41 de la Constitución.
TM