La agresión a un camarógrafo del canal A24 en los alrededores del Congreso, durante la sesión del Senado por la modificación de la Ley de Glaciares, podría derivar en sanciones para jefes de la Policía Federal.
Fuentes oficiales confirmaron que se evalúa sumar en el expediente administrativo no sólo a los efectivos que intervinieron directamente, sino también al jefe del operativo y a otros superiores presentes en el lugar.
Según publica la agencia Noticias Argentinas, las responsabilidades se analizan “por acción u omisión”. “Hubo una orden de desalojo, pero no se determinó de qué manera debía realizarse. En estos casos la instrucción debe ser clara: diálogo y despeje paulatino de los trabajadores de prensa”, señalaron.

La fuente agregó que, ante la falta de directivas específicas, algunos efectivos actuaron como si estuvieran aplicando el protocolo antipiquete frente a manifestantes, lo que derivó en un procedimiento desordenado y en el forcejeo con el camarógrafo.
“Las órdenes tienen que ser claras y específicas. Esto fue un descontrol”, remarcaron, y anticiparon que podrían abrirse sumarios internos.
En un comunicado, la Policía Federal explicó que el operativo se inició tras la irrupción de 12 activistas de Greenpeace en el edificio del Congreso, quienes fueron detenidos y trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.
A raíz de ello, se conformó un perímetro de seguridad para impedir el ingreso o egreso de personas en la zona donde estaban los detenidos.
Según la fuerza, un grupo de trabajadores de prensa se acercó para cubrir el hecho y se les solicitó mantener una “distancia prudencial por razones operativas”.
Durante ese lapso, se produjo un forcejeo con un camarógrafo que intentaba registrar imágenes dentro del perímetro, situación en la que se generaron lesiones en medio de la tensión.
El episodio reavivó el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en operativos vinculados a manifestaciones y coberturas periodísticas.
Mientras avanzan las actuaciones internas, desde el Gobierno dejaron trascender que habrá revisión de protocolos y eventuales sanciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el ámbito parlamentario.
ND