El jefe de una organización narco que operó durante años entre Santa Fe y Córdoba volvió a quedar en el centro de una causa judicial, esta vez por el destino que tuvo el dinero que generó el negocio de la droga. El juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, procesó a Héctor Argentino “Patrón” Gallardo por lavado de activos y ordenó un embargo de 30 millones de pesos sobre sus bienes.
La resolución se apoyó en una investigación que reconstruyó una serie de movimientos patrimoniales realizados entre 2011 y 2013, período en el que el acusado incorporó al circuito formal dinero presuntamente proveniente del tráfico de estupefacientes.
Según el expediente, el líder del denominado “Clan Gallardo” utilizó esos fondos para adquirir distintos bienes registrables e inmuebles en varias provincias, entre ellas Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero.
Entre las operaciones detectadas figuran la compra de semirremolques, automóviles, motocicletas, camionetas, lotes y propiedades, además de maniobras en las que habría intervenido su pareja, señalada como posible prestanombre.
El procesamiento fue solicitado por la fiscalía federal, que consideró que esas adquisiciones no se correspondían con ingresos lícitos y respondían a un esquema destinado a ocultar el origen del dinero.

De acuerdo con la acusación, las maniobras constituyeron una secuencia de actos orientados a insertar en el mercado formal fondos provenientes de actividades ilegales, mediante la conversión de ese dinero en bienes.
La causa se desprende de una investigación por narcotráfico iniciada en Córdoba, en la que Gallardo fue condenado a 14 años de prisión por su rol como organizador de una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas hacia distintas provincias.
El análisis patrimonial incluyó pedidos de información a organismos estatales, registros automotores y entidades financieras, además de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y de la Unidad de Información Financiera.
El embargo dispuesto por el magistrado busca asegurar el eventual pago de la multa prevista para el delito de lavado, que puede alcanzar hasta diez veces el valor de las operaciones cuestionadas.
Gallardo había recuperado la libertad condicional en 2021, pero tiempo después fue nuevamente detenido en Puerto Madryn, donde vivía bajo una identidad falsa y había modificado su apariencia para evitar ser reconocido.
Además, sobre él pesaba un pedido de captura en otra causa judicial, lo que reforzó las sospechas sobre su intento de mantenerse prófugo.
Para los investigadores, las operaciones detectadas revelan cómo la organización utilizó el sistema económico formal para intentar legitimar ganancias obtenidas del narcotráfico.
Con el procesamiento ya dictado, el expediente avanza hacia su próxima etapa judicial, donde se definirá si el acusado debe enfrentar un juicio oral por el presunto blanqueo de dinero ilegal.