CARBAP suma críticas contra el UPOV 91 atado al acuerdo con Estados Unidos: “Es el camino erróneo"

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó la eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91 en el marco del acuerdo que el gobierno de Javier Milei firmó con Estados Unidos y advirtió que ese paso “es el camino erróneo” para actualizar el régimen de semillas.

El debate volvió a instalarse luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera la necesidad de modernizar el marco normativo para incentivar la innovación biotecnológica y elevar los rindes agrícolas a partir de la necesidad de mejorar los rindes agrícolas en comparación con países vecinos.

Para ello la vía elegida por la gestión libertaria es sumarse al UPOV 91, un tratado internacional que refuerza los derechos de propiedad intelectual sobre semillas y nuevas variedades vegetales.

PATENTES (11/13) En términos de criterios de patentabilidad, el tratado también exige que Argentina normalice su situación. Tanto en medicamentos como en semillas. En medicamentos la anomalía es la resolución 118/12, firmada en su momento por Débora Giorgi y Juan Manzur, que…

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 6, 2026

En ese marco, CARBAP celebró el entendimiento bilateral con Estados Unidos por considerarlo un avance hacia una mayor integración comercial, pero manifestó preocupación por los compromisos asumidos en materia de propiedad intelectual vegetal, en particular ante la posibilidad de que el Gobierno insista con la adhesión al convenio internacional.

Es que el Ejecutivo ya había incluido la adhesión a UPOV 91 en la versión original de la Ley Bases de 2024, aunque luego fue retirada durante la negociación con sectores de la oposición dialoguista.

Días atrás, el exdiputado del PRO y productor rural Pablo Torello advirtió en declaraciones a NewsDigitales que el Gobierno estaba siendo “objeto del lobby de las grandes semilleras” y reclamó discutir una nueva ley de semillas en el Congreso. Ahora, la postura de CARBAP profundizó ese cuestionamiento y traslada la discusión al ámbito institucional.

“Celebramos el acuerdo, pero no UPOV 91”

En su posicionamiento, CARBAP dejó en claro que no cuestiona el entendimiento comercial con Estados Unidos, sino la eventual incorporación del Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

“Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas. Este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio”, señaló la entidad.

Para la confederación rural, la adhesión a la versión 1991 del convenio altera ese equilibrio histórico y no refleja las necesidades actuales de la realidad productiva argentina.

Innovación sí, pero “sin romper el equilibrio”

Lejos de rechazar la propiedad intelectual, CARBAP sostuvo que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la protección de los obtentores y promuevan la innovación.

“Los obtentores deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo. Sin embargo, la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo”, afirmó la entidad.

Según el documento emitido por la entidad rural, el Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta. En ese sentido, propuso actualizar la legislación vigente dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, sin alterar principios que -según remarcaron- forman parte de la cultura productiva argentina.

Las retenciones como el gran freno a la producción

En línea con lo que también planteó Torello, CARBAP sostuvo que el principal obstáculo estructural para el crecimiento del sector no es el régimen de propiedad intelectual, sino la presión tributaria hacia el campo.  

“Resulta imprescindible abordar el verdadero obstáculo estructural que hoy limita el crecimiento del sector: los Derechos de Exportación (DEX). Mientras persista esta carga, que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada”, señaló la entidad.

De este modo, la discusión sobre semillas quedó enmarcada en un reclamo más amplio vinculado a la competitividad y la rentabilidad del agro.

“Las reglas no pueden imponerse por compromisos externos”

El tramo más político del documento apuntó al modo en que deberían definirse las reformas. “Cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuesta por compromisos externos. Las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso”, afirmó CARBAP.

La entidad rechazó además lo que definió como una “falsa disyuntiva entre innovación o productores” y sostuvo que la Argentina ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas.

A medida que se acerca el inicio del período ordinario de sesiones, la discusión sobre UPOV 91 promete escalar tanto en el Congreso como dentro del entramado agropecuario, donde conviven productores, empresas semilleras y distintos intereses en juego.