En un movimiento de alto peso político y jurídico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió formalmente que no se avance con sanciones por desacato contra la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF que tramita en Nueva York.
La presentación, dirigida al tribunal de la jueza Loretta Preska, busca frenar la posibilidad de castigos económicos solicitados por los fondos demandantes en el marco del proceso de discovery.
En el documento, de 29 páginas, el gobierno estadounidense advirtió que los juicios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos pueden tener consecuencias directas en la política exterior.
Según se planteó, este tipo de litigios también incide en el trato que podría recibir Estados Unidos ante tribunales extranjeros, lo que vuelve necesario respetar los principios de reciprocidad internacional.
En ese sentido, se destacó que los requerimientos de información vinculados a funcionarios argentinos y entidades estatales pueden resultar incompatibles con las normas de cortesía que rigen los conflictos entre países.
El Departamento de Justicia sostuvo que la solicitud de los demandantes para imponer sanciones —incluyendo multas, inferencias adversas o medidas de preclusión— no se ajusta ni a los estándares de reciprocidad ni al marco legal previsto por la ley de inmunidad soberana (FSIA).
Por ese motivo, recomendó que el planteo sea desestimado.
Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que este acompañamiento refuerza la solidez de la estrategia jurídica del país, basada en principios del derecho internacional.
Además, recordaron que durante más de dos años Argentina colaboró con el proceso de discovery, entregando más de 115.000 páginas de documentación en cumplimiento de órdenes judiciales.
Aun así, los demandantes no habrían logrado encontrar pruebas que respalden sus acusaciones.
En paralelo, el Estado argentino solicitó suspender el proceso de discovery, pedido que fue rechazado por el tribunal. Actualmente, esa decisión se encuentra en proceso de apelación ante el Segundo Circuito.
Mientras tanto, siguen pendientes otras instancias vinculadas tanto a la entrega de acciones de YPF como al acceso a documentación.
La definición de estas apelaciones será determinante para el rumbo del caso, que atraviesa una fase decisiva.