El dictamen que tenía precio: detienen a dos peritos acusadas de pedir $2,7 millones

Una denuncia presentada por un abogado penalista derivó en la detención de dos peritos oficiales señaladas por haber solicitado dinero a un condenado por homicidio a cambio de intervenir en su favor. El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple de Río Segundo, que ordenó la imputación formal de ambas profesionales.

Las acusadas son la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la asistente social Silvia Patricia Romero, integrantes del equipo técnico judicial, quienes quedaron imputadas por el delito de exacciones ilegales agravadas.

El expediente se inició luego de que el defensor del interno denunciara que su cliente había recibido un pedido de dinero por parte de las especialistas. Según esa presentación, le reclamaron el pago de 2.700.000 pesos con la promesa de elaborar un dictamen que mejorara su situación judicial.

A partir de esa acusación, la fiscalía avanzó con distintas medidas de prueba en conjunto con personal de la Dirección de Investigación Operativa. Las tareas incluyeron la recolección de elementos que permitieran verificar el contenido de la denuncia.

Con esos datos, la Justicia ordenó la detención de ambas sospechosas, quienes fueron arrestadas en una estación de servicio.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de las imputadas, que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la causa.

Tras su aprehensión, las dos profesionales fueron trasladadas a un establecimiento penitenciario, donde quedaron alojadas a disposición de la fiscalía interviniente.

El delito que se les atribuye prevé penas de prisión y se configura cuando un funcionario exige dinero abusando de su cargo.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa en curso y que no se descarta la incorporación de nuevas acusaciones en función del avance de las medidas probatorias.

El expediente busca determinar si las imputadas utilizaron su rol dentro del sistema judicial para obtener un beneficio económico indebido a cambio de influir en un informe técnico clave para un condenado.