De cobrar multas en PBA a ser millonarios: el terrible romance de dos funcionarios en la mira

El contraste entre la función pública y la ostentación privada quedó en el centro de la escena política de la Provincia de Buenos Aires. Un matrimonio de funcionarios, con años de trayectoria en el control de infracciones y el transporte, es hoy el protagonista de un expediente que cruza el lujo, el poder territorial y la justicia penal.

Se trata de Miriam Roldán, jueza del Juzgado Provincial de Faltas de Merlo, y su marido, Horacio Anello, quien se desempeñó como director provincial de Fiscalización del Ministerio de Transporte. La pareja, que construyó su base de poder en el partido de Malvinas Argentinas, hoy es cuestionada por un estándar de vida que parece no coincidir con los ingresos declarados de dos empleados estatales.

Propiedades valuadas en miles de dólares y frecuentes viajes a los destinos más exclusivos de Europa forman parte del escenario que despertó la indignación de sus propios vecinos. La transparencia, un principio fundamental de la gestión pública, hoy es la pregunta que rodea a este "matrimonio del poder" bonaerense.

¿Quiénes son Horacio Anello y Miriam Roldán?

El ascenso de este matrimonio no fue casual ni repentino. Ambos supieron construir lazos sólidos en el entramado institucional bonaerense. Durante años, estuvieron apadrinados en Malvinas Argentinas por el exintendente Jesús Cariglino. Bajo esa órbita, lograron posicionarse y luego dar el salto a cargos de relevancia en la estructura del Estado provincial.

Horacio Anello ocupó el cargo estratégico de Director Provincial de Fiscalización dentro del Ministerio de Transporte. Desde allí, tenía la responsabilidad de supervisar y controlar el cumplimiento de las normas en las rutas bonaerenses. Por su parte, Miriam Roldán ejerce como jueza en el Juzgado Provincial de Faltas de Merlo, una oficina clave para el juzgamiento de infracciones de tránsito a nivel regional.

El dato clave que sacude al matrimonio es su mención en la causa caratulada “Quattrocchi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública”, la cual se tramita actualmente en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

¿Por qué su nivel de vida genera sospechas?

La sospecha no nació en un despacho judicial, sino en el Barrio Santa María de los Olivos. Allí, el matrimonio posee propiedades que, según residentes de la zona, exhiben un estándar económico inusual. Los vecinos comenzaron a expresar inquietudes sobre el estilo de vida que ambos ostentan sin complejos.

Los constantes viajes al exterior, con foco en las principales capitales europeas, son el punto de mayor fricción. “Son funcionarios del Estado y su nivel de vida genera preguntas. La transparencia es un principio básico en la función pública”, expresó un vecino que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, dado el peso institucional de los involucrados.

Este patrón de consumo, que incluye bienes raíces de alto valor y gastos suntuarios, es lo que hoy coloca al matrimonio en el radar de la opinión pública. La pregunta que recorre los pasillos de la Gobernación y de los tribunales es simple: ¿cómo dos funcionarios que administran el cumplimiento de las leyes terminan viviendo como millonarios?

¿De qué trata la causa judicial que los menciona?

El nombre de la jueza Miriam Roldán aparece formalmente en actuaciones judiciales de alto impacto. El expediente por "Fraude en perjuicio de la administración pública" investiga maniobras dentro del sistema de juzgamiento de infracciones provinciales. En el marco de requerimientos de allanamiento y secuestro, se dejó constancia de su intervención funcional en dicho sistema.

Por otro lado, Horacio Anello ya ha sido señalado anteriormente por decisiones controvertidas durante su paso por la administración pública. Su intervención en resoluciones administrativas de gran alcance contribuyó a consolidar un perfil de funcionario con una fuerte inserción en los circuitos de negocios y poder institucional.

La combinación de una investigación penal por fraude y un patrimonio que crece a la vista de todos configura un escenario crítico. En sectores judiciales y sociales comienza a instalarse una pregunta recurrente: quién controla realmente a quienes tienen la responsabilidad de administrar las normas y cobrar las sanciones en la Provincia.

TM