El punto oculto del Régimen Penal Juvenil: qué castigo recibirán los padres

El Senado de la Nación debate hoy la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma estructural que busca reemplazar la normativa vigente desde 1980. Si bien el eje central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el proyecto introduce consecuencias patrimoniales directas para los progenitores de los jóvenes implicados.

La iniciativa establece que los adultos responsables deberán responder financieramente por los daños ocasionados por los menores. Estas medidas buscan garantizar la reparación de la víctima y asegurar el cumplimiento de los fines de readaptación del joven infractor.

El artículo 32 del proyecto autoriza a los jueces a disponer contra los padres medidas como embargos, inhibición general de bienes, inmovilización de activos bancarios y depósitos preventivos de hasta 220 salarios mínimos vitales y móviles.

¿Cuáles son las medidas económicas contra los padres?

El texto de la ley especifica una batería de sanciones y obligaciones para los padres o responsables legales de los menores imputables. A pedido del fiscal, el órgano judicial podrá dictar las siguientes medidas patrimoniales:

• Depósito preventivo: pago de una suma equivalente de uno a 220 salarios mínimos vitales y móviles.
• Restricciones bancarias: inmovilización de activos, cuentas corrientes y valores.
• Afectación de bienes: embargo e inhibición general de bienes del patrimonio familiar.
• Fianza personal: constitución como fiador para asegurar que el menor se presente ante el tribunal cada vez que sea requerido.

Además del impacto económico, los padres tendrán la obligación de matricular al menor en establecimientos educativos y controlar su asistencia regular a tratamientos profesionales o programas especializados.

¿Qué penas enfrentarán los menores de 14 años?

El proyecto de ley, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, establece un sistema de penas máximas de 15 años de prisión para delitos graves. Sin embargo, para infracciones menores, el régimen prioriza la justicia restaurativa y medidas alternativas a la cárcel.
"Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia", expresó Patricia Bullrich en sus redes sociales tras un encuentro con familiares de víctimas. El debate en la cámara alta cuenta con el respaldo de sectores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y parte del Frente Renovador de la Concordia Social.

Por su parte, el senador Martín Goerling definió la propuesta como una "ley del sentido común" que responde a la cantidad de menores involucrados en hechos delictivos violentos.

¿Es suficiente el presupuesto para la nueva ley?

Uno de los puntos de mayor fricción entre el oficialismo y la oposición es el financiamiento de la reforma. El exgobernador y actual senador Jorge Capitanich alertó que "si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta".

El Gobierno nacional estimó un presupuesto de 23.700 millones de pesos para la implementación del régimen. Según cálculos de la oposición, el costo de construcción por metro cuadrado del Servicio Penitenciario Federal es de 3,2 millones de pesos. Esto implicaría que los fondos actuales solo alcanzarían para edificar unos 308 metros cuadrados en cada una de las 24 provincias, cifra considerada insuficiente para los centros especializados requeridos.

TM