El Gobierno nacional celebró la sanción definitiva de la reforma de la ley penal juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la administración encabezada por Javier Milei calificó la medida como “un acto de justicia hacia la sociedad” y sostuvo que se trata de una actualización normativa postergada durante décadas.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 27, 2026
Desde la Oficina del Presidente afirmaron que el nuevo Régimen Penal Juvenil “cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa” y adapta el sistema judicial a las actuales dinámicas del delito. Según el texto oficial, la reforma establece que quienes comprendan la gravedad de sus actos deberán asumir la responsabilidad penal correspondiente. “Delito de adulto, pena de adulto”, remarcaron.
El comunicado también destacó el rol del Congreso y agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa, al considerar que la seguridad y la protección de las víctimas deben ubicarse “por encima de todo”. Para el Ejecutivo, la norma permitirá devolver herramientas a la Justicia y poner fin a lo que definieron como un escenario de impunidad sostenido durante años.
El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
— Manuel Adorni (@madorni) February 27, 2026
Ahora hay castigo donde antes había impunidad.
Fin. pic.twitter.com/YSL9rHWLRn
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la sanción mediante la difusión de un video con casos policiales protagonizados por menores y afirmó que, con la nueva legislación, “ahora hay castigo donde antes había impunidad”. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la aprobación y sostuvo que el país “eligió estar del lado de las víctimas”.
El Congreso Nacional sancionó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
— Manuel Adorni (@madorni) February 27, 2026
Ahora hay castigo donde antes había impunidad.
Fin. pic.twitter.com/YSL9rHWLRn
La aprobación del nuevo régimen reabre una discusión histórica en la Argentina sobre cómo abordar el delito juvenil y cuál debe ser el equilibrio entre castigo, prevención e inclusión social. Mientras el oficialismo interpreta la medida como una respuesta directa a una demanda social vinculada a la inseguridad, distintos sectores opositores advierten que la modificación legal podría trasladar al sistema penal problemas estructurales que exceden el ámbito judicial.
Especialistas en materia penal y organismos de derechos humanos sostienen que la discusión no debería limitarse únicamente a la edad de imputabilidad, sino también a las condiciones del sistema penitenciario juvenil y a la capacidad del Estado para implementar políticas de contención, educación y reinserción. En ese marco, el impacto real de la reforma comenzará a medirse cuando la nueva normativa pase de la sanción legislativa a su aplicación concreta en todo el país.