01/03/2026 - Edición Nº1118

Política

Reforma penal

“Delito de adulto, pena de adulto”: cómo explican en Casa Rosada la polémica ley

28/02/2026 | La Casa Rosada destacó la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y aseguró que la reforma busca terminar con la impunidad y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito.



El Gobierno nacional celebró la sanción definitiva de la reforma de la ley penal juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la administración encabezada por Javier Milei calificó la medida como “un acto de justicia hacia la sociedad” y sostuvo que se trata de una actualización normativa postergada durante décadas.

Desde la Oficina del Presidente afirmaron que el nuevo Régimen Penal Juvenil “cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa” y adapta el sistema judicial a las actuales dinámicas del delito. Según el texto oficial, la reforma establece que quienes comprendan la gravedad de sus actos deberán asumir la responsabilidad penal correspondiente. “Delito de adulto, pena de adulto”, remarcaron.

El comunicado también destacó el rol del Congreso y agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa, al considerar que la seguridad y la protección de las víctimas deben ubicarse “por encima de todo”. Para el Ejecutivo, la norma permitirá devolver herramientas a la Justicia y poner fin a lo que definieron como un escenario de impunidad sostenido durante años.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la sanción mediante la difusión de un video con casos policiales protagonizados por menores y afirmó que, con la nueva legislación, “ahora hay castigo donde antes había impunidad”. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la aprobación y sostuvo que el país “eligió estar del lado de las víctimas”.

Un debate que vuelve al centro de la agenda política

La aprobación del nuevo régimen reabre una discusión histórica en la Argentina sobre cómo abordar el delito juvenil y cuál debe ser el equilibrio entre castigo, prevención e inclusión social. Mientras el oficialismo interpreta la medida como una respuesta directa a una demanda social vinculada a la inseguridad, distintos sectores opositores advierten que la modificación legal podría trasladar al sistema penal problemas estructurales que exceden el ámbito judicial.

Especialistas en materia penal y organismos de derechos humanos sostienen que la discusión no debería limitarse únicamente a la edad de imputabilidad, sino también a las condiciones del sistema penitenciario juvenil y a la capacidad del Estado para implementar políticas de contención, educación y reinserción. En ese marco, el impacto real de la reforma comenzará a medirse cuando la nueva normativa pase de la sanción legislativa a su aplicación concreta en todo el país.

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