El Gobierno nacional comenzó a revisar su estrategia política de cara al 2027 con un objetivo claro: sostener el respaldo de gobernadores que resultan determinantes para garantizar mayorías parlamentarias. En la mesa política del presidente Javier Milei gana terreno la idea de priorizar acuerdos territoriales antes que repetir la lógica de candidaturas puras que predominó en las elecciones del año pasado.
El mandatario abrirá el período legislativo con un discurso centrado en profundizar el programa reformista durante 2026, aunque puertas adentro reconocen que la capacidad de avanzar con nuevas leyes dependerá, casi exclusivamente, del vínculo con la oposición dialoguista y los mandatarios provinciales. “Todo depende de cómo nos llevemos con las provincias”, sintetizan en la Casa Rosada.
El crecimiento parlamentario de La Libertad Avanza fortaleció al oficialismo, pero aún no alcanza para aprobar proyectos sin negociación política. Por eso, distintos sectores del Gobierno consideran necesario ampliar márgenes de acuerdos y evitar tensiones innecesarias en distritos donde los gobernadores colaboraron con las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Durante 2025 coexistieron dos miradas dentro del oficialismo. El sector político vinculado a Santiago Caputo impulsaba alianzas con oficialismos provinciales para garantizar gobernabilidad, aun resignando lugares propios. En cambio, el armado más cercano a Karina Milei y al esquema partidario nacional priorizaba listas estrictamente libertarias. Hoy, ambas posiciones parecen converger hacia un criterio más pragmático.
Las únicas alianzas formales del año pasado se concretaron en Chaco, junto al gobernador Leandro Zdero; en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio; y en Mendoza, con Alfredo Cornejo, además de un acuerdo político informal en San Luis con Claudio Poggi. Ahora, en el oficialismo admiten que podrían ampliarse esos entendimientos si los gobernadores mantienen una actitud colaborativa en el Congreso.
Entre los mandatarios mejor valorados por el oficialismo aparecen el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, cuyos legisladores acompañaron buena parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo. También destacan el pragmatismo político del espacio conducido por Carlos Rovira en Misiones y el respaldo puntual del santacruceño Claudio Vidal durante el debate laboral.
Sin embargo, el equilibrio es frágil. En el Gobierno advierten que las demandas provinciales comenzaron a crecer y que el calendario electoral podría endurecer las negociaciones durante el segundo semestre. Distritos como Córdoba, gobernada por Martín Llaryora, o Santa Fe, bajo la conducción de Maximiliano Pullaro, continúan siendo territorios donde el oficialismo planea competir electoralmente pese a los acuerdos legislativos recientes.
En el entorno presidencial creen que existe una ventana limitada para consolidar acuerdos antes de que la dinámica electoral complique la cooperación parlamentaria. La estrategia apunta a garantizar gobernabilidad ahora, aun cuando eso implique postergar aspiraciones propias en algunas provincias.
El oficialismo apuesta a que una mejora económica y una oposición fragmentada permitan ampliar su base territorial en 2027. Bajo esa lógica, el consenso deja de ser un objetivo político en sí mismo y pasa a convertirse en una herramienta para sostener el programa de reformas. La discusión que atraviesa hoy a La Libertad Avanza no es ideológica sino táctica: hasta dónde negociar sin diluir la identidad libertaria mientras se construye poder federal.