El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prepara su salida del cargo en los próximos días, lo que desató una intensa danza de nombres en los pasillos de Casa Rosada sobre quién podría ocupar la estratégica cartera. La definición vendrá de la decisión del presidente Javier Milei, en un momento en que el Gobierno busca consolidar su agenda de reformas y fortalecer sus vínculos con la Justicia.
Uno de los candidatos que más fuerza acumula es Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata y actual senador provincial, quien mantendría un diálogo fluido con los principales referentes del oficialismo. Su nombre aparece como una alternativa con experiencia política y territorial, lo que lo posiciona como favorito para hacerse cargo de la cartera.

Junto a Montenegro, en la nómina de posibles sucesores figuran otros perfiles de distinta orientación. Uno de ellos es la jueza federal Sandra Arroyo Salgado -exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman- con trayectoria en el fuero federal y presencia en actos oficiales, cuyo nombre también circula para cargos de máxima jerarquía dentro del sistema judicial. Asimismo, son mencionados el fiscal Diego Luciani, conocido por su actuación en causas de impacto político, y el abogado Santiago Viola, vinculado al oficialismo.

Otra figura incluida en los rumores es Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires e hijo del juez de Casación Carlos Alberto Mahiques, quien habría sido propuesto como parte de un posible acuerdo entre sectores porteños del oficialismo. Sin embargo, algunos en el entorno del Gobierno relativizan su candidatura por las tensiones internas entre diferentes grupos de poder político.

También se mencionó al actual viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, cuya cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo lo coloca como una alternativa técnica para la transición. Aunque su nombre no está tan instalado como los de otros candidatos, su posición dentro del ministerio lo mantiene en la consideración de algunos operadores políticos.
La decisión final quedará en manos del presidente, que necesita aportar a su gestión tanto criterios políticos como técnicos en lo jurídico, en un año marcado por tensiones con el Poder Judicial y reformas legales de alto impacto.