Batallas existenciales

El calendario escolar vuelve a empezar bajo tensión. Paro nacional docente, reclamo de apertura de paritarias, pedido de volver a la Ley de Financiamiento Educativo que recomponga salarios y presupuesto. Rechazo a la reforma laboral. Podría parecer un conflicto recurrente, casi estacional. Pero no lo es. Lo que está en discusión no es solo un porcentaje salarial, es el lugar que ocupa la educación pública en el modelo de país que se está configurando.

Un docente universitario con dedicación exclusiva —40 horas semanales— tiene hoy un básico de 800.000 pesos. Con la cláusula de garantía salarial alcanza el millón. El cargo semicompleto ronda los 500.000 y el simple, 300.000 pesos. Este último representa cerca del 70% de los cargos de las universidades nacionales. En 2024 la pérdida salarial fue cercana al 40%. Para 2025 el gobierno propone una recomposición del 12,3% en tres cuotas —marzo, junio y septiembre del 2026— sin reconocer la caída previa. Aun con una inflación desacelerada, el número no compensa, solo consolida el deterioro.

Ya ocurrió algo parecido en abril de 2024, cuando la Marcha Federal Universitaria se convirtió en una de las movilizaciones más masivas contra el gobierno. Se reclamaba actualización urgente del presupuesto congelado en valores de 2023, aumento de gastos de funcionamiento, defensa del sistema científico y del CONICET. Aquella vez el presidente habló de “causas nobles con motivos oscuros”. Meses después, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer salarios y partidas, el Ejecutivo la vetó por su impacto fiscal. El veto se sostuvo. Desde entonces el conflicto dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural. 

Hay algo que explica por qué la educación pública convoca movilizaciones que trascienden cualquier gremio. No es solo salario. En Argentina la universidad pública es una promesa de movilidad. Es el ritual laico que permitió durante décadas que hijos de empleados, comerciantes, trabajadores formales e informales accedieran a una profesión y alteraran su destino. En un país donde casi todo está fracturado —la moneda, la política, la memoria— la educación pública sigue siendo uno de los últimos consensos transversales. Tiene algo del orden de lo sagrado. Y cuando lo sagrado se percibe amenazado, la reacción es masiva.

El enfoque de clase es inevitable. Distintos estudios recientes señalan que para sostener un estándar de clase media formal en 2026 se necesitan ingresos bastante superiores al millón y medio de pesos mensuales. Un docente con dedicación exclusiva apenas supera el millón. El simple, que es mayoría, queda muy por debajo. La pregunta entonces no es solo cuánto ganan los docentes. Es qué perfil social puede sostener esa profesión si el deterioro se vuelve permanente. Si enseñar en la universidad pública implica resignación económica constante, el sistema deja de ser un motor de movilidad y empieza a depender de la vocación sacrificada o del respaldo familiar previo. Eso modifica silenciosamente su composición social, un proceso que ya afecta al alumnado hace tiempo. 

Algo similar ocurrió en primaria y secundaria. El desfinanciamiento y la pérdida de previsibilidad empujaron a muchas familias —incluso de sectores populares— hacia el sistema privado, haciendo esfuerzos desproporcionados. La fragmentación educativa se convirtió en fragmentación social. Hoy además bajan la matrícula de primer grado y la natalidad. Menos hijos. Más  incertidumbre demográfica. En ese contexto, la universidad pública fuerte no es un lujo presupuestario, es una de las pocas herramientas estructurales de cohesión que quedan. 

Para el oficialismo, el ajuste en educación es parte del ordenamiento fiscal. Para quienes se movilizan, es un ataque a la movilidad social. El desacuerdo no es menor, es una discusión sobre prioridades ¿Puede un país aspirar a competitividad global mientras ajusta sobre su sistema científico y universitario? ¿Es gasto o inversión? ¿Es caja o es futuro?

Las universidades no cierran de un día para el otro. Se deterioran lentamente hasta que un día dejan de producir horizonte. Y cuando eso sucede, el conflicto docente ya no importa porque el daño es estructural. El paro que comienza no es solo una medida gremial. Es una advertencia sobre el tipo de sociedad que se está construyendo.