La historia de la mina que fue tomada por el Estado y terminó diluida

Del primer proyecto minero metalífero a gran escala a una explotación de alcance limitado. Hierro Indio fue aprobado como iniciativa clave para sustituir importaciones de hierro y generar un polo industrial en Mendoza, pero con el correr de los años el rumbo cambió. La intervención del Estado provincial, a través de Impulsa Mendoza, modificó la estructura empresaria y también el objetivo productivo.

El plan inicial contemplaba producción industrial de hierro y agregado de valor local. Sin embargo, mediante un aumento de capital aprobado por el directorio —con fuerte peso estatal— quedó desplazado el dueño original, Guillermo Re Kühl, quien había impulsado el desarrollo del yacimiento durante años. Desde entonces, el proyecto ingresó en una etapa judicial marcada por demandas societarias y disputas por el control accionario.

El avance estatal comenzó en 2022, cuando la entonces empresa pública Potasio Río Colorado financió tareas logísticas y de exploración con una inversión cercana al millón de dólares y opción de compra incluida. Tras su transformación en Impulsa Mendoza, la firma quedó como ejecutora del plan minero provincial. Aunque la campaña exploratoria arrojó resultados positivos, especialistas del sector señalaron que el nivel de perforaciones fue bajo para justificar una explotación metalífera de gran escala.

Los anuncios oficiales presentaron a Hierro Indio como prueba de viabilidad ambiental y productiva en medio del impulso político al Distrito Minero Malargüe. Sin embargo, nunca se avanzó en el estudio de factibilidad económica, paso indispensable para transformar la exploración en explotación industrial. Con el tiempo, la narrativa del “proyecto estratégico” comenzó a perder peso frente a la falta de definiciones técnicas.

De proyecto industrial a cantera

Hoy el yacimiento mantiene vigente su Declaración de Impacto Ambiental, aunque debe actualizarse periódicamente y aún no fue presentado el nuevo plan operativo ante la Dirección de Minería. Ese rediseño implicaría abandonar la idea de industrialización para pasar a un esquema tipo cantera orientado a abastecer cementeras, muy lejos del objetivo original de sustitución de importaciones.

En paralelo, cambios internos dentro de Impulsa Mendoza terminaron de consolidar el control estatal del proyecto. La conducción quedó en manos de representantes vinculados al Gobierno provincial, mientras que los fundadores quedaron fuera de la toma de decisiones. Entre 2024 y 2025 se concretó el quiebre definitivo mediante maniobras societarias que modificaron la composición accionaria.

El presente de Hierro Indio ya no se juega en la montaña sino en tribunales. Mientras la Justicia civil analiza las demandas por el desplazamiento de los accionistas originales, el sector minero espera definiciones sobre un emprendimiento que nació como símbolo del cambio productivo mendocino y hoy refleja las tensiones entre política, Estado y negocio minero.