Leonardo Airaldi dejó este sábado la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú y fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en una decisión que encendió las alarmas judiciales. El movimiento no respondió únicamente al juicio por narcotráfico que enfrentará en los próximos días, sino a una sospecha aún más grave: que desde la cárcel habría contratado sicarios para asesinar a funcionarios clave de la Justicia y la seguridad entrerriana.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, que dispuso su derivación a la Unidad Residencial VI, un sector reservado para internos considerados de alto riesgo dentro del sistema federal. La resolución se basó en un pedido impulsado por la fiscalía y en una evaluación técnica del Servicio Penitenciario Federal, que concluyó que el detenido debía ser incorporado a ese régimen especial.
En paralelo, se tramita una causa federal que investiga un presunto plan criminal que tendría como blanco al juez federal Leandro Ríos, el fiscal general Juan Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Según la hipótesis bajo análisis, las maniobras habrían sido organizadas mientras Airaldi permanecía detenido en Gualeguaychú, en el contexto de su situación judicial.
Frente a ese escenario, el traslado fue considerado una medida necesaria para reforzar los controles y reducir cualquier margen de riesgo. El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y quedó registrado en un video en el que se lo ve con casco, chaleco antibalas y esposado, mientras era notificado de su incorporación al sistema penitenciario federal.
La defensa, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, rechazó la decisión y cuestionó el sustento de la acusación. Señaló que la denuncia que dio origen a la investigación proviene de un interno cuya credibilidad está en duda y advirtió que su defendido no fue indagado en ese expediente.
Airaldi permanece detenido y será juzgado desde el 3 de marzo en Entre Ríos por narcotráfico. Su traslado a Ezeiza, sin embargo, cambió el escenario. Ya no es solo el principal acusado en una causa por droga, sino también el detenido señalado por un presunto plan de asesinatos por encargo que ahora lo ubica bajo uno de los regímenes más estrictos del sistema penitenciario argentino.
