A 13 años de la aprobación del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA, volvió a resonar una de las frases más controvertidas de aquel momento: la advertencia del entonces presidente de la mutual, Guillermo Borger, quien sostuvo que el acuerdo podía “abrirle las puertas a un tercer atentado”.
La declaración, realizada en febrero de 2013 en medio de un clima político y social de fuerte polarización, generó una inmediata reacción del Gobierno nacional y, en particular, de la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien se mostró estremecida la gravedad de esos dichos.
El 28 de febrero de 2013, el Congreso aprobó el acuerdo entre Argentina e Irán para avanzar en la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido en 1994 y que provocó la muerte de 85 personas.
El Memorándum establecía la creación de una comisión internacional y la posibilidad de interrogar en Teherán a los funcionarios iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol. La causa había sido declarada crimen de lesa humanidad en 2006 por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
En ese escenario, distintas organizaciones de la comunidad judía, entre ellas la DAIA, comenzaron a manifestar su rechazo o sus reparos al entendimiento impulsado por el Poder Ejecutivo.

Durante el debate parlamentario, Borger se convirtió en una de las voces más críticas del acuerdo. En declaraciones públicas afirmó que avanzar en el Memorándum era “un paso adelante al precipicio” y advirtió que, si prosperaba, “estaríamos dando lugar a un tercer atentado muy lamentable”.
Según sostuvo, el acuerdo implicaba “someternos totalmente” y abría un escenario de vulnerabilidad para el país, aunque no precisó públicamente en qué basaba ese diagnóstico.
En paralelo, el entonces titular de la DAIA, Julio Schlosser, expresó una postura más matizada. Reconoció la trayectoria del Gobierno en la causa AMIA, pero señaló que el texto carecía de la claridad necesaria. Planteó que, si los acusados eran interrogados como en una indagatoria judicial, la Presidenta tendría razón, pero que, de lo contrario, quedaría demostrado que el interlocutor no era válido.
Las palabras de Borger motivaron una fuerte reflexión de Cristina Kirchner, quien el 9 de febrero se expresó tras regresar a Río Gallegos. En su mensaje, dijo haber leído “con mucha preocupación” las declaraciones del presidente de la AMIA y calificó la advertencia como “estremecedora”.
En ese texto, la mandataria planteó una serie de interrogantes públicos: qué era lo que sabía Borger para realizar “una afirmación tan terrible” y quién sería el autor intelectual y material de un eventual atentado si el acuerdo con Irán avanzaba.
También sostuvo que estaba claro que nunca podrían ser responsables los países firmantes y se preguntó si los posibles autores serían quienes se oponían al acuerdo, otros países, personas o servicios de inteligencia. En ese marco, vinculó el debate con el dolor de las víctimas y recordó las palabras de Zulema Yoma, afirmando que se le “helaba el alma”.
“Considero a Borger una persona respetable. ¿Qué es lo que sabe para una afirmación tan terrible? Si hubiera un atentado por el acuerdo con Irán ¿QUIEN SERIA EL AUTOR INTELECTUAL Y MATERIAL?”, señaló.

Y subrayó: “Está claro y es más que obvio que nunca podrían ser los países firmantes. ¿Serían quienes se oponen al acuerdo? ¿Países, personas, servicios de inteligencia? ¿Quién o quiénes? Pero, además, ¿quién o quiénes serían… o seríamos los objetivos?”.
Finalmente, reclamó que el pueblo argentino y la Justicia merecían conocer la información que, según ella, Borger debía tener para realizar semejante advertencia.
La polémica también generó fuertes reacciones entre los familiares de las víctimas del atentado. Uno de los más contundentes fue Sergio Burnstein, referente de Familiares y Amigos de las Víctimas.
Consultado en ese momento, sostuvo que Borger “no tiene la menor idea de lo que habla” y que “le importan nada el atentado y las víctimas”. Además, consideró que lo que buscaba era “destruir” y competir por quién pronunciaba la crítica más dura contra el Gobierno.
Burnstein calificó los dichos como una “barbaridad” y remarcó que el eje debía ser el respeto al proceso judicial. Aclaró que los familiares estaban dispuestos a acompañar cualquier iniciativa que permitiera actuar a la Justicia dentro del Código Procesal, pero no un acuerdo que se apartara de ese marco.

En aquellos meses, las entidades judías también recibían asesoramiento de figuras como el exfiscal Luis Moreno Ocampo, quien alertó sobre el riesgo de que Irán utilizara la Comisión de la Verdad para ocultar responsabilidades.
Según planteó, el éxito del mecanismo dependía de la capacidad e integridad de sus miembros y de que el proceso no afectara la legitimidad del accionar judicial argentino.
Por su parte, el fiscal Alberto Nisman sostenía que desde 2003 se habían reunido nuevas pruebas contra los sospechosos y defendía la continuidad de la investigación en los tribunales locales.