Incluir Salud y PAMI en la mira: el dato de $30.000 millones que enoja a prestadores

Organizaciones vinculadas a la discapacidad convocan a una movilización al Ministerio de Salud -en su sede de avenida 9 de julio 1925 CABA- para este jueves a las 10:30 horas, en reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta busca visibilizar lo que consideran demoras, incumplimientos parciales y graves atrasos en los pagos a prestadores.

En diálogo exclusivo con NewsDigitales, el padre Pablo Molero -uno de los impulsores de la convocatoria- señaló que, si bien tras la reglamentación de la ley se dictaron resoluciones y herramientas administrativas, la implementación “lleva tiempo” y presenta aspectos que generan preocupación en el sector.

Uno de los puntos centrales es la compensación prevista por la norma para cubrir la diferencia entre los aumentos de aranceles otorgados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y el incremento del costo de vida en ese mismo período. Según explicó Molero, ya se publicó el instrumento que establece cómo deben presentarse las instituciones para solicitar esa compensación y qué documentación deben aportar para su cálculo. “Eso está en camino, pero lleva tiempo”, indicó.

También mencionó que la ley contemplaba medidas vinculadas a la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), como la devolución de intereses y multas aplicadas a prestadores. En ese caso, también se emitió la normativa que indica cómo deben tramitarse los reintegros.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos más fuertes se refiere a la fijación de aranceles a partir del 1 de enero de 2025. La ley establecía que el directorio del Sistema Único debía definir el nuevo valor. Según relató Molero, en la reunión correspondiente se decidió por mayoría otorgar un aumento, pero tomando como base el arancel vigente a diciembre de 2024.

“El problema es que ese arancel no contempla la diferencia que debería reconocerse por la compensación del año anterior. Entonces se toma como base un valor que ya está atrasado”, sostuvo. A su entender, aunque la ley no especifica el mecanismo exacto de cálculo, el espíritu de la norma apunta a reconocer el desfase acumulado y no a consolidarlo.

La situación de los talleres protegidos también genera inquietud. Molero explicó que recientemente se publicó la normativa para continuar con el pago de la ayuda mensual durante 2026, pero manteniendo el mismo monto de 28 mil pesos. “La ley establece que debe reconocerse una suma conforme a la normativa específica de talleres protegidos. Se dice que está por salir un aumento, pero todavía no ha ocurrido”, advirtió.

Más allá de la aplicación técnica de la ley, el punto más urgente —según los organizadores— es el atraso en los pagos. De acuerdo con lo expresado por Molero, el programa Incluir Salud aún adeuda a numerosos prestadores las prestaciones facturadas desde octubre del año pasado. En algunos casos, noviembre tampoco fue cancelado y diciembre fue abonado solo parcialmente. “Hay muchos que no han cobrado nada desde octubre”, afirmó.

A esto se suma que el PAMI habría pagado por última vez en noviembre, mientras que obras sociales y empresas de medicina prepaga manejan plazos de 60 a 90 días para cancelar prestaciones. “Así es imposible sostener el servicio: pagar sueldos, vacaciones y mantener la atención”, señaló el sacerdote.

Otro dato que mencionó como preocupante es que, según los informes que manejan las organizaciones, el programa Incluir Salud habría dejado sin ejecutar durante el año pasado unos 30.000 millones de pesos que fueron devueltos a rentas generales. “Ese dinero podría haber sido utilizado para pagar prestaciones ya facturadas”, planteó.

Molero también hizo referencia a la reestructuración institucional del área: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue disuelta y sus funciones pasaron a una secretaría dentro del Ministerio de Salud. Para los organizadores, esa transición debió haberse previsto mejor para evitar interrupciones en los circuitos de pago.

En cuanto a las pensiones, explicó que la ley dispuso que las prestaciones por incapacidad laboral se transformen automáticamente en el nuevo esquema de pensión por discapacidad y situación de pobreza. Ya se publicaron resoluciones para instrumentar ese proceso, aunque se prevén revisiones en casos donde existan inconsistencias.

“Estamos muy atentos a cada medida que se toma, porque en un contexto en el que el Gobierno no ha priorizado el tema, hay que controlar que todo se cumpla correctamente”, concluyó Molero.

La movilización de mañana buscará llevar estos reclamos directamente al Ministerio de Salud y exigir respuestas concretas sobre pagos atrasados, actualización de aranceles y ejecución presupuestaria. Para los prestadores y familias, la situación es crítica y —según advierten— compromete la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.