Después de 15 años de investigación y con la amenaza de prescripción sobrevolando el expediente, comenzó el juicio oral por el caso “Sueños Compartidos”. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 5 y tiene en el banquillo a Julio De Vido, José López y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El exministro de Planificación participa de manera virtual desde el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la tragedia de Once. López, en tanto, fue trasladado con un operativo de seguridad desde el mismo complejo penitenciario, donde está detenido por la causa Vialidad. Ambos volvieron a sentarse frente a un tribunal por hechos ocurridos durante el kirchnerismo.
La acusación sostiene que al menos 206 millones de pesos fueron desviados hacia empresas vinculadas a los Schoklender, bienes suntuarios y gastos personales, en el marco de un programa que debía financiar la construcción de viviendas sociales. El capital total comprometido rondaba los 748 millones de pesos.
Según la hipótesis fiscal, el mecanismo habría funcionado a partir de condiciones impuestas desde la Secretaría de Obras Públicas: para recibir los fondos nacionales, provincias y municipios debían contratar obligatoriamente a la fundación. Esa cláusula -afirman los investigadores- dejó a las jurisdicciones locales con un “rol inerte”.
Las obras estaban previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Bariloche, Rosario y municipios bonaerenses como Almirante Brown, Tigre y Ezeiza. Varios gobernadores e intendentes fueron investigados, pero terminaron sobreseídos y ahora declararán como testigos.
La extitular de la organización, Hebe de Bonafini, había sido procesada como partícipe necesaria, pero tras su fallecimiento en 2022 la acción penal quedó extinguida en su caso. El juicio, en consecuencia, se concentra en el circuito administrativo y financiero que permitió el presunto desvío.
La causa fue instruida originalmente por el juez Norberto Oyarbide, quien fue apartado en 2013 por irregularidades. Luego quedó en manos de Marcelo Martínez De Giorgi, que en 2019 clausuró la instrucción y la elevó a juicio oral.
El debate recién comienza, pero el caso vuelve a poner bajo análisis el vínculo entre política, obra pública y organizaciones sociales durante los años de mayor expansión presupuestaria. Más que un expediente aislado, “Sueños Compartidos” es una radiografía de una época que todavía proyecta consecuencias judiciales y políticas.