Polémico proyecto K: el Estado pagaría el aguinaldo a 2,7 millones de monotributistas

Un grupo de diputados de Unión por la Patria, encabezados por Agustín Rossi y Germán Martínez, presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone crear nuevos beneficios económicos y sociales para trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo.

La iniciativa, titulada “Ampliación de derechos para monotributistas”, apunta principalmente a los sectores de menores ingresos dentro del sistema simplificado y busca equiparar parte de sus condiciones con las de los trabajadores en relación de dependencia.

El contexto: un sector con escasa protección

En los fundamentos, los autores señalan que, hacia fines de 2025, en la Argentina había más de 4,7 millones de monotributistas registrados. Según el proyecto, se trata de personas que trabajan y generan ingresos, pero que no cuentan con derechos básicos como el aguinaldo o una cobertura adecuada durante el embarazo.

El texto remarca que este universo se encuentra en una situación de “desamparo” frente al sistema laboral tradicional, y que la iniciativa busca corregir parcialmente esa desigualdad.

Ingreso anual complementario: una especie de “aguinaldo”

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Ingreso Anual Complementario para monotributistas, similar al sueldo anual complementario que perciben los trabajadores formales.

Según la propuesta:

• Se pagaría en dos cuotas: una entre el 20 y el 30 de junio, y otra entre el 8 y el 18 de diciembre.
• El monto se calcularía en base a la facturación del semestre anterior, dividida por doce.
• Estaría destinado a monotributistas de las categorías A, B y C, y a quienes estén en el monotributo social o promovido.

El objetivo es garantizar un ingreso adicional a los sectores más vulnerables del régimen.

Requisitos para acceder al beneficio

El proyecto establece una serie de condiciones para cobrar el ingreso anual complementario. Entre las principales se encuentran:

• Tener al menos seis meses de antigüedad en el monotributo.
• No registrar deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• No ser empleador.
• No realizar aportes en otros regímenes fuera del monotributo.

Estos requisitos buscan focalizar el beneficio en quienes dependen exclusivamente de este sistema para generar ingresos.

Protección económica por embarazo y parto

Otro punto central del proyecto es la creación de una asignación económica para personas gestantes inscriptas en el monotributo. La iniciativa prevé un beneficio por tres meses, calculado en base al promedio de facturación del último semestre y pagado en tres cuotas mensuales consecutivas.

La prestación podría comenzar a cobrarse a partir del cuarto mes de embarazo y hasta el nacimiento, según la elección de la beneficiaria.

Condiciones para acceder a la asignación por maternidad

Para percibir este beneficio, las personas gestantes deberán cumplir requisitos similares a los del ingreso complementario:

• Estar en las categorías A, B o C, o en monotributo social o promovido.
• No tener deudas con el fisco.
• No ser empleadoras.
• No aportar a otros sistemas previsionales.

Además, deberán informar oficialmente su situación a la autoridad tributaria, acompañando la documentación médica correspondiente.

Financiamiento y aplicación de la ley

El proyecto establece que las erogaciones derivadas de estos nuevos derechos serán financiadas con fondos del Tesoro Nacional.

Asimismo, deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de los mecanismos de pago y control, una vez que la ley sea sancionada.

En los fundamentos, los autores calculan que alrededor del 67% de los monotributistas pertenece a las categorías más bajas (A, B y C), lo que representa más de tres millones de personas.

De ese universo, estiman que cerca de 2,1 millones podrían acceder al ingreso anual complementario, a los que se sumarían unos 570.000 inscriptos en el monotributo social y promovido.

Argumentos políticos y sociales del proyecto

Los impulsores sostienen que los monotributistas son, en los hechos, trabajadores que dependen de terceros para desarrollar su actividad, aunque no estén formalmente en relación de dependencia.

Desde esa perspectiva, el proyecto busca reconocer esa realidad y avanzar en una mayor cobertura social, especialmente en materia de ingresos y protección de la maternidad. También se apoya en tratados internacionales sobre derechos económicos, sociales y de género.