Una investigación judicial iniciada en La Plata derivó en el pedido de detención de un ex funcionario acusado de haber abusado sexualmente durante años de jóvenes vinculados a un hogar convivencial. El imputado es Gustavo Adolfo Docters, a quien la fiscalía señala como presunto autor de una serie de hechos que habrían comenzado cuando una de las víctimas era menor de edad y se extendieron durante largo tiempo.
El acusado cumplía la función de “educador popular” en la institución sin fines de lucro ubicada en La Plata. El requerimiento fue presentado por el fiscal Alvaro Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11, en el marco de una causa en la que se investigan delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Según el planteo fiscal, existen elementos suficientes para sospechar que Docters mantuvo conductas abusivas reiteradas aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la posición de confianza que tenía dentro de la institución.
De acuerdo con la imputación, los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2019 en el Hogar del Padre Cajade, ubicado en la ciudad de La Plata y también en el domicilio particular del acusado. En ese período, una de las víctimas tenía entre 13 y 17 años. El expediente describe episodios de tocamientos y prácticas sexuales que se habrían producido en reiteradas oportunidades.
La investigación sostiene que con el paso del tiempo Docters se convirtió en cuidador y educador dentro del hogar, lo que reforzó el vínculo de dependencia con los jóvenes. Según la acusación, esa cercanía fue utilizada para continuar con los abusos en un contexto de sometimiento emocional y económico.
En el expediente también se describen hechos posteriores que, según la fiscalía, se habrían extendido hasta 2025. En ese tramo se mencionan episodios de abuso sexual con acceso carnal y situaciones en las que una de las víctimas habría sido obligada a mantener relaciones con otra persona bajo la influencia del acusado.
Otro de los jóvenes que declaró en la causa relató que el imputado habría creado un perfil falso en redes sociales para extorsionarlo. De acuerdo con su testimonio, mediante ese engaño le exigía el envío de videos de contenido sexual en los que debía participar el propio Docters, lo que derivó en una relación sostenida por amenazas.
Las denuncias surgieron luego de que autoridades del hogar convivencial tomaran conocimiento de los relatos de las víctimas. A partir de esa información se realizaron presentaciones judiciales que derivaron en la apertura de la investigación penal.
Durante la causa se incorporaron además testimonios de familiares, educadores y profesionales que intervinieron en el acompañamiento de las víctimas. En uno de esos informes, una psicóloga indicó que uno de los jóvenes presenta síntomas compatibles con situaciones traumáticas y que su relato no exhibe indicios de invención.
Para la fiscalía, el contexto en el que se produjeron los hechos impide considerar que haya existido consentimiento por parte de las víctimas. El planteo sostiene que el acusado aprovechó su rol de referente dentro del hogar, así como la vulnerabilidad social y económica de los jóvenes, para sostener las conductas investigadas durante años.
En función de la gravedad de los delitos atribuidos y de la pena prevista para esas figuras penales, el fiscal solicitó al juez de Garantías que dicte la orden de detención contra Docters. La causa continúa en etapa de investigación mientras la Justicia analiza el pedido de arresto.