Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro por tiempo indeterminado en el marco del conflicto que atraviesa el sistema universitario público por salarios y presupuesto. La medida fue votada en asamblea por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y comenzará el próximo 16 de marzo.
El paro se inscribe dentro de un plan de lucha impulsado por gremios universitarios de todo el país y podría afectar el inicio del ciclo académico en varias universidades nacionales. La protesta incluye además movilizaciones, clases públicas, permanencias en facultades y la organización de nuevas acciones federales en defensa de la educación pública.
El principal reclamo del sector es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y el pago de una recomposición salarial del 51% que, según denuncian los docentes, el Gobierno nacional aún no efectivizó. Desde el gremio sostienen que la falta de aplicación de esa norma agrava la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.
“La universidad no puede funcionar con salarios de pobreza”, advirtieron desde la organización sindical, que también cuestionó la precarización laboral y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. En ese sentido, señalaron que la situación actual pone en riesgo el normal funcionamiento de facultades, institutos de investigación y programas de extensión universitaria.

La resolución de la asamblea también contempla la realización de nuevas reuniones con participación de estudiantes y trabajadores no docentes para definir la continuidad del plan de lucha y evaluar la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria.
La llamada Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2024 con el objetivo de garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y recomponer los salarios docentes y no docentes tras la fuerte pérdida frente a la inflación.
La iniciativa surgió en medio de un conflicto creciente entre el sistema universitario y el gobierno de Javier Milei, que derivó en masivas movilizaciones en defensa de la educación pública, entre ellas la histórica Marcha Federal Universitaria de 2024, que reunió a cientos de miles de personas en todo el país.
Pese a haber seguido prolijamente el trámite para su aprobación, el presidente la vetó al considerar que comprometía el equilibrio fiscal de su programa económico. El Congreso revirtió la decisión presidencial, pero la situación quedó empantanada.