Cero política y viáticos al centavo: el régimen para Milei y sus ministros que llegó al Congreso

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes de la Coalición Cívica, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un régimen específico para regular los viajes oficiales al exterior de las máximas autoridades de la administración pública nacional, con criterios de transparencia, control y racionalidad en el uso de los recursos del Estado.

La iniciativa propone fijar reglas claras sobre la planificación, justificación y rendición de cuentas de los desplazamientos internacionales realizados por altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

El proyecto plantea la creación de un “Régimen de Transparencia y Racionalidad Presupuestaria de Viajes Oficiales”, que alcanzaría al presidente de la Nación, al vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a otros funcionarios de la administración pública nacional.

Límites al gasto en viáticos, alojamiento y traslados

Se establece que los recursos asignados para los viajes al exterior deberán ajustarse a criterios de austeridad y estricta vinculación con la agenda oficial.

Entre las principales pautas, el proyecto dispone que:

• Los viáticos solo podrán calcularse por los días en que existan actividades oficiales previstas en el itinerario del funcionario.
• No se reconocerán gastos de alojamiento cuando la permanencia en una ciudad sea menor a seis horas.
• Los gastos de traslado deberán calcularse utilizando las rutas más cortas y económicas disponibles en el mercado, priorizando alternativas de menor costo para el Estado.

Según el texto, estas disposiciones buscan evitar gastos vinculados a estadías o desplazamientos que no estén directamente relacionados con la agenda institucional del viaje.

Viajes privados y gastos del Estado

El proyecto también establece una diferenciación clara entre viajes oficiales y viajes privados de los funcionarios.

En ese sentido, se determina que no podrán autorizarse viáticos, gastos de alojamiento ni traslados financiados por el Estado para viajes de carácter personal.

Solo de manera excepcional podrían reconocerse gastos si, en el marco de un viaje inicialmente privado, el funcionario realiza actividades oficiales. En ese caso, deberá presentar la documentación exigida para los viajes institucionales, incluyendo información sobre la agenda y los resultados de la gestión realizada.

Prohibición de actividades políticas durante viajes oficiales

Otro de los puntos del capítulo establece que los funcionarios no podrán participar en actividades proselitistas durante viajes oficiales en los que representen al Estado argentino.

La iniciativa considera que ese tipo de actividades —vinculadas a campañas electorales o a organizaciones partidarias— no puede ser financiado con recursos públicos. Si un funcionario realizara ese tipo de acciones durante un viaje oficial, los gastos del desplazamiento podrían ser imputados personalmente.

Restricciones en contextos de emergencia económica

El proyecto también contempla limitaciones adicionales cuando exista una declaración de emergencia económica o financiera.

En ese escenario, se plantea restringir los viajes a eventos internacionales considerados impostergables para los intereses del Estado y, siempre que sea posible, privilegiar la participación virtual mediante videoconferencias u otras plataformas digitales.

Además, se propone reducir el tamaño de las comitivas oficiales: en esos contextos, cada evento debería contar con un solo funcionario o autoridad como representante, salvo que exista una justificación expresa para ampliar la delegación, lo que debería ser evaluado por la Jefatura de Gabinete.

Cómo funcionaría la rendición de cuentas

El proyecto también fija un mecanismo formal de rendición de cuentas posterior a cada viaje oficial.

De acuerdo con el texto, dentro de los cinco días hábiles posteriores al regreso, los funcionarios deberán presentar un informe que incluya una rendición detallada de los montos utilizados en viáticos, alojamiento y traslados, y un informe de resultados de gestión, donde se describa lo realizado durante el viaje y su relación con el itinerario previamente informado.

Esa información deberá remitirse a las autoridades que autorizaron el viaje y también publicarse para su acceso público.

Control parlamentario y sanciones

El proyecto también habilita a los legisladores de las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso a citar a los funcionarios que hayan participado en viajes oficiales para que expliquen las gestiones realizadas.

Asimismo, establece que el incumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas será considerado una falta en los deberes del funcionario público, y su reiteración podría constituir causal de remoción del cargo.