La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a una audiencia pública para analizar la reforma a la Ley de Glaciares. El debate se desarrollará durante dos jornadas, el 25 y 26 de marzo, con la participación de especialistas, organizaciones y representantes sectoriales interesados en opinar sobre la iniciativa.
La citación fue firmada por el secretario parlamentario Adrián Pagán a pedido de los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc.
Según el cronograma previsto, las audiencias se realizarán entre las 10 y las 19. La primera jornada será presencial el 25 de marzo en la Sala 2 del Anexo C del Congreso, mientras que el 26 de marzo se habilitará la modalidad virtual para ampliar la participación.
Cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para presentar su postura. Los interesados podrán inscribirse hasta el viernes 20 de marzo, tanto de forma presencial en la comisión de Recursos Naturales como a través de un formulario que se publicará en la web de Diputados.
También se habilitó la posibilidad de presentar documentos escritos de hasta diez carillas para ser incorporados al debate parlamentario.
La convocatoria a audiencias públicas fue impulsada por bloques de la oposición durante el primer plenario de comisiones que comenzó a discutir el proyecto. El oficialismo aceptó la propuesta, lo que pospone la firma del dictamen y retrasa el tratamiento en el recinto.
Con este cronograma, la discusión parlamentaria podría retomarse recién en la semana del 6 al 10 de abril, debido a los feriados y al tiempo necesario para analizar las exposiciones.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene el proyecto como una carta de negociación política con los gobernadores de provincias cordilleranas, quienes impulsan cambios en la normativa para atraer inversiones en minería e hidrocarburos.
La iniciativa busca modificar la Ley 26.639 de protección de glaciares y del ambiente periglacial. El punto central es redefinir qué áreas deben quedar estrictamente protegidas y cuáles podrían habilitar actividades económicas.
El proyecto mantiene la prohibición de explotación en glaciares, pero plantea que ciertas zonas periglaciares puedan ser utilizadas si cuentan con evaluaciones de impacto ambiental favorables. Además, otorga mayor poder de decisión a las provincias sobre qué áreas preservar.
Sectores opositores y organizaciones ambientalistas cuestionan la reforma al considerar que podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Según advierten, el cambio normativo permitiría abrir zonas hoy protegidas a proyectos extractivos, lo que pondría en riesgo ecosistemas claves para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el equilibrio climático.
La discusión promete convertirse en uno de los debates ambientales y económicos más intensos del Congreso en las próximas semanas.
ND