Extorsión y engaños: procesaron a la banda detrás del suicidio del soldado en Olivos

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a extorsionar víctimas mediante engaños en aplicaciones de citas y amenazas judiciales falsas. El caso adquirió una fuerte conmoción pública por el suicidio del soldado voluntario del Ejército Rodrigo Andrés Gómez, ocurrido en diciembre pasado dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.

Según la investigación, Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco fueron identificados como los jefes de la banda y operaban desde la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena. El resto de los imputados cumplía funciones logísticas, facilitando cuentas bancarias, chips telefónicos y mecanismos para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones.

El expediente sostiene que la organización funcionaba con una estructura clara de roles, destinada a captar víctimas, intimidarlas y distribuir las ganancias.

El método de la extorsión

La maniobra comenzaba con perfiles falsos en aplicaciones de citas, como Evermatch. Luego de establecer contacto con la víctima, la conversación se trasladaba a WhatsApp.

Allí aparecía un supuesto familiar que acusaba al interlocutor de haber hablado con una menor de edad. Minutos después intervenía un falso policía que decía estar tramitando una denuncia penal y exigía dinero para “evitar consecuencias judiciales”.

Entre las amenazas que utilizaban figuraban frases como “cuánto vale tu libertad”, “en 24 horas quedás detenido” o “el tiempo apremia”.

Las horas previas al suicidio

El 15 de diciembre de 2025, la banda aplicó ese mismo mecanismo contra el soldado Rodrigo Andrés Gómez. Bajo presión y amenazas, el joven terminó realizando varias transferencias a cuentas vinculadas con los acusados.

Según el expediente judicial, las transferencias sumaron un total de $1.413.000 enviadas a distintas billeteras virtuales vinculadas con la organización.

En los mensajes recuperados por los investigadores se observa el nivel de desesperación de la víctima, que pedía tiempo para conseguir dinero mientras intentaba obtener préstamos y ayuda económica.

Las amenazas continuaron durante horas pese a los pagos realizados.

Finalmente, durante la madrugada del 16 de diciembre, Gómez se quitó la vida dentro del puesto de vigilancia N°9 de la Quinta de Olivos, donde se encontraba cumpliendo funciones de guardia.

Los delitos y embargos millonarios

Los presuntos jefes de la organización fueron procesados por asociación ilícita agravada, extorsión reiterada e instigación al suicidio.

En tanto, el resto de los acusados quedó imputado por asociación ilícita agravada y extorsión reiterada.

Además, la jueza dispuso embargos millonarios para garantizar eventuales reparaciones económicas: hasta $500 millones para los líderes de la organización y $400 millones para los demás integrantes.

La advertencia de la jueza por los celulares en cárceles

Tras el procesamiento, Arroyo Salgado también envió oficios al Ministerio de Justicia bonaerense y a la Procuración provincial para advertir sobre el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.

La magistrada señaló que el acceso a dispositivos móviles —autorizado durante la pandemia— continúa vigente y permite que internos sigan organizando delitos desde prisión.

En ese contexto, sostuvo que esta situación ha convertido a algunos establecimientos penitenciarios en verdaderas “pymes del delito”, desde donde se coordinan extorsiones, estafas y otras maniobras criminales.