Sandra Pettovello afirmó que “técnicamente no existen los planes sociales”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que “técnicamente no existen los planes sociales” y defendió la reorganización del sistema de asistencia estatal que impulsa el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria sostuvo que la administración libertaria desarmó el esquema que había heredado y avanzó en la reestructuración de los programas sociales con el objetivo de simplificar su funcionamiento. El posteo fue replicado por el presidente Javier Milei.

PRIMERO LOS DATOS https://t.co/s7pdczcSus

— Javier Milei (@JMilei) March 6, 2026

“Desde diciembre de 2023 dijimos basta al sistema gigante y fragmentado que habíamos heredado. Redujimos estructuras, eliminamos superposiciones y terminamos con la intermediación, construyendo un sistema más claro y eficiente de programas sociales”, expresó Pettovello en su publicación.

La ministra señaló además que la reorganización del área apunta a ordenar la política social y a eliminar mecanismos de intermediación que, según el Gobierno, funcionaban a través de organizaciones sociales para distribuir los beneficios. En ese sentido, afirmó que el nuevo esquema busca “ordenar, proteger y promover autonomía para todos los argentinos”, en línea con la estrategia oficial de reducir la dependencia de la asistencia estatal y promover la inserción laboral.

Desde el inicio de la gestión de Milei, el Ministerio de Capital Humano avanzó con cambios en distintos programas de asistencia y con auditorías sobre los planes existentes, en medio de un fuerte debate político y social sobre el rol del Estado en las políticas de contención social.

Una minstra en la mira de la Justicia

Desde su asunción como ministra, en diciembre de 2023, Pettovello quedó involucrada en varias causas judiciales vinculadas principalmente a la gestión de políticas sociales y programas alimentarios. La investigación más relevante se originó a partir de denuncias por la supuesta retención de miles de toneladas de alimentos destinados a comedores comunitarios, lo que derivó en una causa por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, iniciada tras una presentación del dirigente social Juan Grabois. En ese expediente interviene el juez federal Sebastián Casanello, quien incluso ordenó medidas de prueba y requirió información sobre los depósitos y el stock de mercadería del ministerio.

 

 

 

 

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Paralelamente fue denunciada en otra causa por presuntas irregularidades en una transferencia de fondos —estimada en alrededor de $14.000 millones— destinada a la compra de alimentos para programas sociales, investigación en la que se analizan posibles delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Ese expediente quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes avanzaron con medidas preliminares para determinar si la operación se concretó y si la mercadería fue efectivamente adquirida.

Del otro lado del mostrador, el Ministerio de Capital Humano también aparece como denunciante en distintas causas por presunta corrupción en el manejo de planes sociales y cooperativas durante gestiones anteriores, lo que generó una situación judicial cruzada en los tribunales federales de Comodoro Py, con expedientes que investigan tanto la actual gestión como el sistema previo de distribución de asistencia social.