El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales de todo el país quedó suspendido tras el anuncio de un plan de lucha gremial. La medida de fuerza, que incluye un paro total de actividades, afectará de manera directa a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre otras instituciones.
La huelga nacional es impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). El reclamo central es la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue ratificada por el Congreso de la Nación pero cuya ejecución se encuentra frenada por decisiones del Poder Ejecutivo.
Ante la falta de acuerdo salarial y el recorte de fondos para funcionamiento, los gremios confirmaron que el cuatrimestre no comenzará en los plazos previstos. La situación genera incertidumbre en miles de estudiantes que debían iniciar sus cursadas a mediados de mes.
El paro nacional universitario comenzará el lunes 16 de marzo y se extenderá, en una primera instancia, hasta el domingo 22 de marzo, afectando el inicio de clases en 31 universidades nacionales que ya confirmaron su adhesión total a la medida.

El cronograma de medidas de fuerza se divide según el sector gremial, pero coinciden en el cese de actividades para la segunda quincena de marzo.
Desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA advirtieron que, de no mediar una respuesta oficial, propondrán que la huelga se transforme en un paro por tiempo indeterminado a partir del 20 de marzo.
La medida de fuerza alcanza a 31 instituciones de todo el territorio nacional. Según el relevamiento de los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estas son las casas de altos estudios que confirmaron su adhesión o que presentan conflictos que impiden el inicio normal:
Resoluciones del Plenario de Secretarios/as grales que se declara en sesión permanente. Definimos un primer mojón en el plan de lucha que se definirá en el Congreso de la Federación 12 y 13 de marzo. Comunicado completo en la web.https://t.co/gnU0h9eF2X pic.twitter.com/QptyEzFGX6
— CONADU (@PrensaCONADU) February 28, 2026
El conflicto tiene su origen en la falta de aplicación de la Ley 27.795. Aunque el Congreso rechazó el veto del presidente Javier Milei, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 para paralizar el envío de fondos, argumentando que no se especificó la fuente de financiamiento.
Los gremios denuncian una caída del poder adquisitivo superior al 45% y exigen una recomposición salarial urgente. Por su parte, el oficialismo, a través de la Secretaría de Educación dirigida por Carlos Torrendell, envió un nuevo proyecto de ley que propone:
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, sostiene que el Gobierno busca una ley "pagable". Sin embargo, rectores como Oscar Alpa (UNLPam) y Marisa Rovera (UNRC) insisten en que la situación es "acuciante" y que la ley vigente debe cumplirse de inmediato tras el fallo judicial favorable de primera instancia.
TM