La preparación del Mundial de fútbol de 2026 se ha convertido en un asunto estratégico para el Estado mexicano. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y considerado uno de los narcotraficantes más influyentes del continente, abrió un escenario delicado para las autoridades. La posible reorganización del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) genera preocupación en un momento en que México debe garantizar estabilidad y seguridad para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
El torneo será organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, pero México albergará partidos clave en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esto implica recibir millones de visitantes, delegaciones internacionales y una cobertura mediática global. En ese contexto, cualquier episodio de violencia criminal podría tener repercusiones políticas, económicas y diplomáticas, lo que explica el despliegue anticipado de operativos de seguridad en las principales sedes del campeonato.
El gobierno mexicano ha comenzado a diseñar un operativo de gran escala que involucra a la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y policías estatales. La estrategia contempla vigilancia intensiva en estadios, zonas turísticas y corredores de transporte, además de un seguimiento de inteligencia sobre posibles reacciones del crimen organizado. La prioridad es evitar que la caída del líder del CJNG desencadene disputas internas o demostraciones de fuerza que puedan afectar la imagen del país.
Este tipo de reacción estatal tiene precedentes en otros países que enfrentaron desafíos similares antes de grandes eventos deportivos. Antes del Mundial de 2014, Brasil lanzó operaciones policiales masivas para recuperar territorios dominados por organizaciones criminales en Río de Janeiro. La experiencia brasileña mostró que los torneos globales obligan a los gobiernos a intensificar el control territorial, no solo por razones de seguridad interna sino también para proteger su reputación internacional.

Más allá de la dimensión policial, la seguridad del Mundial tiene implicaciones económicas directas. El torneo movilizará inversiones en infraestructura, turismo y servicios que dependen en gran medida de la percepción internacional de estabilidad. Una crisis de violencia durante el evento podría afectar la llegada de visitantes y dañar la imagen de México como destino turístico y económico, un riesgo que las autoridades buscan reducir con anticipación.
El desafío, sin embargo, va más allá del campeonato. La caída de grandes líderes criminales suele generar periodos de reacomodo dentro del narcotráfico, lo que puede producir conflictos territoriales temporales. En ese escenario, el Mundial 2026 funciona como una prueba de capacidad institucional, donde México deberá demostrar que puede contener la violencia y proyectar estabilidad frente a una audiencia global.