El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, oficializó este viernes el nuevo esquema salarial para los trabajadores de la educación. La medida, establecida mediante el decreto DTO-2026-500-E-GER-GOB, fija un haber mínimo garantizado y dispone el pago de sumas fijas para el sector activo y pasivo.
La decisión administrativa se tomó tras no alcanzarse un acuerdo en las audiencias paritarias con las entidades sindicales ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. El Ejecutivo provincial fundamentó la medida en la necesidad de evitar demoras en la percepción de los incrementos por parte de los agentes públicos.
Los nuevos montos rigen de manera retroactiva a los haberes de febrero de 2026. La liquidación de estas mejoras se realizará mediante una planilla complementaria en los próximos días.
El nuevo sueldo mínimo de bolsillo para un docente de jornada simple en Entre Ríos será de $750.000, mientras que para la jornada completa el piso garantizado asciende a $996.465.
El decreto establece tres categorías principales para el haber mínimo de bolsillo, neto de aportes de ley y asignaciones familiares. Estos valores funcionan como un piso garantizado por el Estado provincial:
Si la sumatoria de los conceptos del recibo resultara inferior a estos montos, la provincia abonará la diferencia necesaria hasta alcanzar el importe establecido.
La normativa contempla el pago de una suma fija mensual con un tope máximo de $60.000 por docente. Este monto se divide en dos conceptos específicos: el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y el Complemento por Conectividad Provincial:
Además, se dispuso el sostenimiento de una suma remunerativa de $25.000 para aquellos docentes que tengan más de 10 años de antigüedad. Para el sector pasivo docente, el decreto otorga una suma extraordinaria de carácter excepcional de $30.000.
El paquete de medidas incluye un incremento del 50% en la asignación por ayuda escolar. Asimismo, se oficializó el subsidio del 100% para el boleto docente en las ciudades donde se presta el servicio de transporte.
El Gobierno de Entre Ríos también propuso establecer como prioridad el acceso de los trabajadores de la educación a créditos hipotecarios.
Estos planes serán gestionados a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
La Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y otros gremios como AMET, SADOP y UDA rechazaron la propuesta oficial en la paritaria. Las entidades cuestionaron la inclusión de sumas no remunerativas en la estructura salarial.
Ante la falta de consenso, el mandatario sostuvo que avanzar por decreto permite que la mejora impacte rápidamente en el bolsillo. La resolución establece que el Consejo General de Educación (CGE) deberá solicitar una nueva audiencia de negociación en un plazo no mayor a 90 días para evaluar la evolución de la inflación.
TM