¿Persecución política? El reclamo de la defensa Kirchner ante la Cámara

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó frenar el decomiso de 19 propiedades registradas a nombre de sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en la provincia de Santa Cruz, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

Los abogados de la ex presidenta argumentaron que la medida constituye un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”. El pedido apunta a declarar la nulidad de la confiscación dispuesta sobre parte del patrimonio familiar.

Ante ese planteo, el fiscal Mario Villar solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que rechace los recursos presentados por la defensa y permita avanzar con el proceso de decomiso.

La Sala IV del máximo tribunal penal federal tenía previsto realizar una audiencia este viernes a las 11, pero finalmente no se llevó a cabo. Las partes decidieron presentar escritos breves en lugar de realizar exposiciones orales.

Ahora serán los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quienes deberán resolver las condiciones del trámite y avanzar con una decisión sobre el caso.

Más de 100 bienes en discusión

La discusión judicial involucra el decomiso de 111 bienes vinculados a la ex mandataria, sus hijos y empresarios investigados en la causa, entre ellos Lázaro Báez, titular de la empresa Austral Construcciones.

Desde el punto de vista económico, el monto total del decomiso asciende a $684.990.350.139,86. Entre los activos alcanzados por la medida también aparecen empresas y propiedades asociadas a la familia Kirchner, incluido el hotel Los Sauces.

La orden de decomiso fue dictada el 18 de noviembre del año pasado por el Tribunal Oral Federal 2, luego de que la Cámara de Casación confirmara la actualización del monto a confiscar. Ahora, el máximo tribunal penal deberá definir si mantiene esa decisión o si hace lugar al planteo de la defensa.