Torneo Apertura 2026
15/03/2026 - Edición Nº1132
Política
El fútbol tomado de rehén
AFA bajo la lupa: quiénes son los dirigentes investigados por la Justicia
08/03/2026 | Causas por miles de millones contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, dirigentes bajo investigación y un negocio cada vez más opaco detrás del fútbol argentino.
Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el centro de las causas judiciales
El fútbol argentino atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años. La decisión de suspender la fecha del torneo este fin de semana, adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino, dejó a millones de hinchas sin partidos en un país donde el fútbol funciona casi como un ritual social.
Pero detrás de esa decisión hay un motivo que excede lo deportivo: la situación judicial del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de su principal operador dentro de la estructura del organismo y actual tesorero del mismo, Pablo Toviggino.
La suspensión del campeonato fue presentada oficialmente como una medida institucional de respaldo a la conducción de la AFA. En la práctica, terminó funcionando como una presión política frente al avance de causas judiciales que investigan el manejo de fondos del fútbol argentino.
El resultado fue inmediato: el fútbol quedó paralizado y los clubes no podrán jugar, en una decisión que muchos interpretan como la utilización del deporte más popular del país como herramienta de protección corporativa.
Una investigación por miles de millones
El entramado que rodea al negocio del fútbol argentino ya no se agota en Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Las causas abiertas en sede penal, tributaria y federal fueron ampliando la nómina de dirigentes, empresarios y operadores vinculados a la administración de fondos, contratos internacionales, financieras y estructuras paralelas de influencia.
En la causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, abierta tras la denuncia de ARCA, fueron llamados a indagatoria el propio Tapia y Toviggino, el secretario general Cristian Ariel Malaspina, el director general Gustavo Roberto Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.
El expediente investiga un presunto faltante de $19.353.546.843,85 por retenciones de IVA, Ganancias y aportes de seguridad social durante 19 meses, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Sobre ellos pesa además una prohibición de salida del país.
Ese punto adquiere una dimensión particular en el calendario deportivo: si la situación procesal se agravara o si el permiso judicial no fuera otorgado, el propio titular de la AFA podría quedar impedido de viajar a competencias internacionales o al próximo Mundial, una escena impensada para el dirigente que hoy concentra el poder del fútbol argentino.
A ese frente judicial se suma la investigación federal sobre TourProdEnter LLC, la firma radicada en Florida que quedó con la comercialización internacional de los negocios de la AFA y que, según la documentación hallada en la causa, retenía una comisión del 30% sobre lo recaudado por la Selección en el exterior.
En ese expediente están bajo investigación el empresario Javier Faroni y su esposa Érica Gillette, ambos titulares de la sociedad. La Justicia analiza si existió un presunto desvío de fondos del fútbol argentino al exterior, con documentación bancaria enviada desde Estados Unidos y movimientos que forman parte del expediente principal.
Claudio Tapia y el dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo
Otra pata central del esquema es la causa Sur Finanzas, que puso bajo la lupa al financista Maximiliano Ariel Vallejo, empresario cercano a Tapia y dueño de la firma investigada por presuntas maniobras de lavado y evasión. Allí ya hubo allanamientos en la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes.
Entre los nombres mencionados en ese expediente aparecen la tesorera Micaela Sánchez, detenida tras un operativo por presunto encubrimiento, y otros imputados por presunto ocultamiento o destrucción de prueba: Juan Miguel Soler, César Abilio Zapaia, Daniela Eliana Sánchez y Rolando Esteban Soloaga.
Los autos secuestrados en la casa quinta de Pilar que se compraron con fodos de dudosa procedencia
El mapa se amplía además con la causa sobre la quinta de Villa Rosa, en Pilar, y los 54 autos de lujos con una valuación de US$ 20.000.000 donde aparecen nombres ligados al universo político y societario de Toviggino.
Allí fueron señalados el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, titulares de Real Central S.R.L., la firma que figura como propietaria formal del predio y los autos de lujo; también Mauro Javier Paz, vinculado a Malte S.R.L., sociedad que tuvo la propiedad del lugar y firmó un contrato directo con la AFA por más de US$500.000 para desarrollar el VAR; Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de AFA; Juan Pablo Beacon, dirigente y abogado cercano al núcleo de Toviggino; y Florencia Sartirana, ex número dos del área financiera de la AFA, incorporada a una ampliación de denuncia por sus vínculos societarios y comerciales.
Dentro del círculo económico y comunicacional que rodea al poder de la AFA, aparece también Doble Amarilla S.A.S., la sociedad propietaria del portal Doble Amarilla y Data Clave. Según su publicación constitutiva en el Boletín Oficial, el administrador titular es Pablo Andrés Jiménez y el administrador suplente es el abogado rosarino Gustavo Hernán Isaack, de trayectoria dentro del negocio audiovisual del deporte.
El cuadro de situación, entonces, ya no describe un problema aislado ni una causa puntual. Lo que emerge es una red donde se cruzan dirigentes de la AFA, financistas, empresarios de contratos internacionales, sociedades dueñas de bienes bajo sospecha, funcionarios administrativos y operadores mediáticos. Esa es la dimensión real del negocio que hoy está bajo escrutinio judicial y que, para blindarse, decidió paralizar el campeonato y dejar a millones de argentinos sin fútbol.
El abogado rosarino Gustavo Hernán Isaack y un vínculo de hermandad con Claudio Tapia
Un negocio cada vez más expuesto
La suspensión del fútbol dejó en evidencia algo que hasta hace poco permanecía oculto detrás de los resultados deportivos: el enorme volumen de dinero que circula alrededor del fútbol argentino y las tensiones que genera su mala administración.
En un país donde los clubes dependen en gran medida de los ingresos que distribuye la AFA, la conducción del organismo mantiene un poder político considerable. Ese poder se volvió visible esta semana cuando la respuesta institucional a una investigación judicial fue directamente detener la competencia.
Para millones de argentinos el resultado fue simple: un fin de semana sin fútbol. Pero detrás de esa ausencia hay un conflicto mucho más profundo. Un negocio multimillonario bajo investigación judicial y una dirigencia que decidió convertir al deporte más popular del país en parte de su estrategia de defensa.
