La política de justicia de Milei

Juan Bautista Mahiques debutó en el Ministerio de Justicia con un gesto de control interno: ordenó revisar la lista de candidatos que Mariano Cúneo Libarona había seleccionado para cubrir alrededor de 200 vacantes de jueces y fiscales en la justicia nacional y federal. La decisión marca su primera demostración de poder en el cargo y, al mismo tiempo, un mensaje hacia el sistema judicial y hacia el Senado: el Gobierno quiere acelerar nombramientos, pero con su propia lapicera y su propio orden de prioridades.

El punto de partida es un vacío estructural. Hay más de 300 cargos sin titular en la Justicia, y en el fuero federal la proporción de vacantes ronda un tercio del total, con impacto directo en la velocidad de causas y en el funcionamiento de tribunales sensibles. En ese tablero, el Ejecutivo ya tiene en su poder más de 200 ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, listas listas para que el Presidente elija pliegos y los envíe al Senado.

Revisar la lista heredada cumple dos funciones. Una es administrativa: poner al nuevo ministro a cargo de un expediente grande que venía avanzando con criterios del anterior equipo. La otra es política: reordenar el mapa de candidatos para negociar con gobernadores y bloques “dialoguistas” en el Senado, donde cada pliego tiene precio y cada juzgado tiene interés territorial. En los últimos días, fuentes parlamentarias y crónicas sobre el plan oficial describen esa lógica: priorizar casilleros clave, buscar acuerdos por paquetes y usar las vacantes como moneda de negociación.

Mahiques llega con un perfil que encaja con esa etapa. Conoce el Consejo de la Magistratura, tiene trayectoria en el mundo judicial bonaerense y aparece rodeado por una lectura que atraviesa al oficialismo: el Gobierno necesita gestión judicial más que gestos épicos. De hecho, el propio ministro sugirió que la prioridad inmediata pasa por cubrir vacantes antes que volver a abrir la discusión sobre la Corte Suprema, tema que se empantanó durante el año pasado.

En esa “política de justicia” también pesa la estructura real del poder en la Casa Rosada. La cobertura de vacantes conecta con el Consejo de la Magistratura, con el control de organismos de integridad y con los tribunales federales que investigan o pueden investigar decisiones del Gobierno. Varias notas de estos días subrayaron que la llegada de Mahiques fortalece la influencia del círculo presidencial en el sistema judicial y reubica operadores y enlaces que el Gobierno considera estratégicos.

El movimiento de revisar y rearmar la lista abre un ciclo concreto para el Congreso. A partir de ahora, el Senado va a empezar a recibir pliegos de manera más regular, con un método que el oficialismo ya probó en otras áreas: acuerdos puntuales, negociación con provincias, y votaciones donde el peronismo aparece fragmentado. El Gobierno busca convertir las vacantes en una agenda de eficacia institucional, con la promesa de “hacer funcionar” tribunales que hoy trabajan con interinatos. La discusión política, inevitable, quedará alrededor de otra pregunta: quiénes son los nombres elegidos, a qué redes responden, y qué tipo de Justicia se construye cuando el Ejecutivo decide que el problema principal no es la ley, sino las personas que la aplican.