El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una nueva etapa del plan de recorte del gasto público que apunta a reducir personal y recursos en distintos organismos estatales.
La iniciativa fue analizada en una reunión realizada en la Casa Rosada, donde el funcionario se encontró con Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, para definir los detalles de una estrategia que busca profundizar el achique del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El nuevo plan oficial se concentra en organismos descentralizados y áreas clave de la administración pública. Entre los que aparecen en la mira están el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Dirección General de Aduanas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Vialidad.
Según fuentes oficiales, el objetivo es reducir la planta de trabajadores mediante un esquema de retiros voluntarios que comenzó a aplicarse a fines de febrero en algunos de estos organismos.
En el caso del INTA, la convocatoria alcanza al personal permanente con al menos tres años de antigüedad y menos de 65 años de edad. La indemnización prevista se calcula en 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.
Desde el Gobierno consideran que el mecanismo permitirá disminuir rápidamente el número de empleados en distintas áreas. Funcionarios que siguen de cerca el proceso sostienen que la expectativa es lograr más de mil retiros voluntarios en los organismos alcanzados por la medida.
Desde los sindicatos, en cambio, advierten que la iniciativa podría derivar en un fuerte achique del sistema científico y técnico del Estado.
“En este contexto de crisis económica, la amenaza es que si no aceptan los retiros voluntarios avancen con despidos masivos”, sostuvo Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA.
En paralelo, gremios de otros organismos también denuncian un proceso de desfinanciamiento. En la Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, los trabajadores aseguran que los salarios permanecen congelados desde octubre de 2024 y reclaman la apertura de una negociación paritaria.
El Gobierno, sin embargo, defiende la estrategia y sostiene que la reducción del tamaño del Estado es una condición necesaria para ordenar las cuentas públicas y liberar recursos para el sector privado.