Controversia jurídica: la SIDE defiende el DNU de Milei sobre detenciones

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió ante la Justicia la legalidad de las facultades que le otorga el decreto que reformó el sistema de inteligencia y que, entre otros puntos, contempla la posibilidad de detener personas sin orden judicial en determinados contextos vinculados a tareas de seguridad. La discusión judicial se abrió a partir de una serie de cuestionamientos al DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La controversia llegó a la Justicia luego de que organizaciones y especialistas presentaran recursos para cuestionar el alcance de la norma, al considerar que podría afectar garantías constitucionales vinculadas a la libertad personal y al control judicial de las detenciones. Frente a esas presentaciones, el organismo de inteligencia sostuvo que las atribuciones previstas en el decreto se encuadran dentro de las facultades del Estado para prevenir amenazas a la seguridad.

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— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) December 31, 2025

En sus argumentos ante la Justicia, la SIDE planteó que las herramientas incluidas en el decreto deben interpretarse en el marco de operaciones de inteligencia destinadas a prevenir delitos complejos y amenazas contra el orden institucional. Según esa postura, el mecanismo no implicaría una detención penal tradicional sino una medida operativa vinculada a tareas de seguridad.

Al otro lado del escritorio, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional alertaron sobre los riesgos de habilitar detenciones sin orden judicial previa. Estos sectores sostienen que el esquema podría contradecir principios básicos del sistema legal argentino y tratados internacionales sobre derechos humanos.

¿Qué dice el decreto 941?

Es una norma de necesidad y urgencia que fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre del año pasado, pero pese a la fecha, no pasó inadvertida. En sus considerandos, sostiene que “Que la demora en el acceso a información relevante para la seguridad estratégica de la Nación trae aparejado el incremento de riesgos que podrían afectar severamente a la REPÚBLICA ARGENTINA” y que “postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la REPÚBLICA ARGENTINA vulnerable frente a las amenazas internas y externas”. En función de ello, y ante el inminente receso veraniego del Congreso, el gobierno decidió modificar la Ley Nacional de Inteligencia, número 25.520.