El Ministerio de Justicia anunció que comenzará el proceso administrativo para cubrir 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en el sistema judicial federal.
La medida fue comunicada por el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, a través de un mensaje difundido en redes sociales y en canales oficiales del ministerio.
Según explicó el funcionario, el objetivo es reactivar el procedimiento de selección y enviar los pliegos correspondientes para su designación, una vez cumplidos los pasos formales establecidos por la normativa vigente.
El procedimiento se realizará bajo lo establecido por el Decreto 588/2003, que fija mecanismos de transparencia y control ciudadano para la designación de magistrados federales y miembros del Ministerio Público.
En esta primera etapa, el ministerio iniciará la verificación y actualización de los requisitos de los candidatos, incluyendo controles sobre antecedentes penales y situación patrimonial.
Para ello, se solicitará información al Registro Nacional de Reincidencia y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con el fin de corroborar que los postulantes cumplan con las obligaciones impositivas y previsionales.
De acuerdo con el procedimiento vigente, cada candidato deberá integrar una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que luego será evaluada por el Poder Ejecutivo antes del envío de los pliegos al Senado para su aprobación.
Este sistema busca garantizar controles institucionales y permitir que la sociedad civil pueda revisar los antecedentes de los postulantes y presentar objeciones fundadas antes de la designación final.
La falta de magistrados es uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial. Según datos recientes, alrededor del 40% de los juzgados y casi la mitad de las fiscalías federales funcionan con cargos vacantes, lo que genera demoras en los procesos y sobrecarga de trabajo en los tribunales.
El proceso anunciado por el Gobierno busca comenzar a revertir ese escenario y acelerar el nombramiento de autoridades judiciales, una deuda pendiente que se arrastra desde hace años en el sistema institucional argentino.
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