Furor por Shein: cómo es el proyecto que sacude a las plataformas extranjeras en Argentina

La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó en el Congreso un proyecto de ley denominado “Ley de Emergencia Competitiva PyME y Regulación del Comercio Electrónico Transfronterizo”, una iniciativa que busca establecer nuevas reglas para las plataformas de comercio electrónico del exterior que venden productos a consumidores argentinos.

La propuesta plantea declarar una emergencia competitiva para el sector de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), crear un sistema de registro y control para plataformas digitales extranjeras, aplicar contribuciones especiales sobre las ventas transfronterizas y establecer incentivos fiscales para la reconversión tecnológica del sector productivo local.

El proyecto declara la emergencia competitiva del sector MiPyME por un plazo de cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos años adicionales mediante decreto del Poder Ejecutivo. La medida se fundamenta en lo que la autora define como una asimetría regulatoria, fiscal y arancelaria entre las empresas radicadas en el país y las plataformas de comercio electrónico extranjeras que venden en el mercado argentino.

Según la fundamentación, el crecimiento del régimen de compras internacionales de bajo valor generó un fuerte impacto en sectores productivos locales. El texto señala que en 2025 las compras bajo el sistema “puerta a puerta” crecieron 274,2% interanual y alcanzaron los 894 millones de dólares, mientras que diversas actividades comerciales registran cierres de empresas.

La iniciativa sostiene que el objetivo central es restablecer condiciones de competencia equivalentes entre operadores locales y plataformas extranjeras que venden bienes o servicios a consumidores argentinos.

Registro obligatorio para plataformas de comercio electrónico extranjeras

Uno de los instrumentos centrales del proyecto es la creación del Registro de Plataformas de Comercio Electrónico Transfronterizo (RPCET), que funcionaría en el ámbito de la Secretaría de Comercio.

Según el texto, toda plataforma radicada en el exterior que venda habitualmente a consumidores argentinos sin establecimiento permanente en el país deberá inscribirse obligatoriamente en ese registro para poder operar dentro del ecosistema de pagos nacional.

Para mantenerse habilitadas, las plataformas deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos:

• Designar un representante legal con domicilio en Argentina.
• Constituir domicilio fiscal electrónico ante la autoridad tributaria.
• Implementar mecanismos de retención de impuestos como IVA y Ganancias.
• Cumplir normas de seguridad de productos aplicables en el país.
• Informar precios en pesos argentinos con IVA incluido.
• Respetar la normativa de protección de datos personales.

El registro clasificaría a las plataformas en tres niveles de cumplimiento (A, B y C). Las que se ubiquen en el nivel C, por incumplimientos o falta de inscripción, podrían enfrentar el bloqueo de pagos dentro del sistema financiero argentino, previa notificación y derecho a defensa.

Contribución de Equiparación Competitiva

El proyecto también crea la Contribución de Equiparación Competitiva (CEC), un tributo especial destinado a equilibrar las cargas regulatorias entre productos vendidos desde el exterior y los producidos o comercializados por empresas radicadas en Argentina.

La contribución se aplicaría sobre el precio total de la operación, con diferentes alícuotas según el tipo de producto:

• 35% para bienes con producción nacional equivalente.
• 21% para bienes sin producción local comparable.
• Exención para compras personales inferiores a 50 dólares (hasta cuatro operaciones por año).
• Exención para medicamentos, insumos médicos y material educativo sin producción nacional equivalente.

El texto establece además una cláusula de razonabilidad macroeconómica que impide que la carga de la contribución supere la presión tributaria promedio que afronta la cadena productiva nacional equivalente.

En cuanto a la distribución de la recaudación, el proyecto propone:

• 40% para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, distribuidos según el esquema de coparticipación.
• 20% para el Fondo de Reconversión PyME Digital.
• 40% para Rentas Generales.

Incentivos fiscales para la reconversión digital

La iniciativa incorpora un conjunto de beneficios fiscales para las MiPyME que inviertan en digitalización, automatización o comercio electrónico durante la vigencia de la emergencia.

Entre las medidas previstas se incluyen:

• Crédito fiscal del 100% del IVA para inversiones en tecnología o digitalización.
• Reducción del 50% del Impuesto a las Ganancias para ventas realizadas a través de plataformas digitales nacionales.
• Reducción del 20% en contribuciones patronales en sectores declarados en emergencia competitiva.
• Eliminación de derechos de exportación para ventas de comercio electrónico al exterior hasta un máximo anual equivalente a 100.000 dólares por empresa.

Según la fundamentación, estos incentivos buscan que la ley no funcione únicamente como una medida defensiva frente a la competencia externa, sino también como una política para impulsar la modernización tecnológica de las empresas locales.