Un grupo de diputados nacionales de distintos espacios políticos presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar la normativa vigente sobre el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio de gratuidad en servicios públicos que reciben los cuarteles y destacamentos del país.
La iniciativa, titulada “Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Modificación”, propone introducir cambios en la Ley 27.629 para garantizar que el beneficio tarifario alcance a todos los tipos de redes de suministro de gas utilizados por las asociaciones de bomberos voluntarios.
El proyecto fue firmado por legisladores de diferentes bloques, entre ellos representantes del peronismo, de Provincias Unidas y de espacios provinciales, lo que refleja un respaldo transversal dentro de la Cámara de Diputados.

El texto propone sustituir el artículo 3° de la Ley 27.629, sancionada en 2021, que establece un tratamiento tarifario especial gratuito para diversas prestaciones de servicios públicos destinadas a las asociaciones de bomberos voluntarios.
Según la redacción propuesta, las entidades beneficiarias accederían a la gratuidad en servicios bajo jurisdicción nacional como:
La iniciativa busca garantizar que los cuarteles de bomberos voluntarios no deban afrontar el costo de estos servicios esenciales para su funcionamiento cotidiano.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores recuerdan que la Ley 27.629 fue aprobada en 2021 con amplio consenso político: obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 223 votos afirmativos y luego fue ratificada en el Senado con 66 votos positivos, sin abstenciones ni votos negativos.
Sin embargo, la redacción final de la ley incluyó una limitación técnica que, según los autores del proyecto, dejó fuera del beneficio a algunos cuarteles.
En particular, el texto vigente contempla la gratuidad del servicio de gas natural provisto por red, pero no incluye de manera explícita a otras modalidades de distribución utilizadas en distintas localidades del país, como el gas licuado de petróleo (GLP) o el gas natural comprimido (GNC) suministrados también por redes.
Esta omisión impide que diversas asociaciones accedan al beneficio tarifario pese a prestar el mismo servicio.

Los impulsores del proyecto señalan que esta situación afecta especialmente a cuarteles ubicados en localidades donde el suministro de gas se realiza mediante sistemas alternativos al gas natural convencional.
Como ejemplo, mencionan que en la provincia del Neuquén existen 16 localidades con redes de gas licuado de petróleo, lo que deja a varios cuarteles fuera del beneficio previsto por la ley actual.
Entre las localidades mencionadas se encuentran Aluminé, Loncopué, Tricao Malal, Caviahue, El Cholar, Las Ovejas, Villa Traful, Villa Pehuenia, Barrancas y Taquimilán, entre otras.
Según los fundamentos del proyecto, estas situaciones se repiten en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde las condiciones climáticas hacen que el gas sea indispensable para el funcionamiento de los cuarteles.