El Gobierno de Mendoza promulgó este lunes la denominada “Ley Hojarasca II”, una iniciativa que deroga más de 90 leyes provinciales obsoletas y elimina artículos en desuso de otras normativas.
La medida apunta a modernizar el marco legal y desburocratizar el funcionamiento del Estado, suprimiendo regulaciones que habían quedado desactualizadas frente a los cambios institucionales, tecnológicos y económicos.
El proyecto fue impulsado por el equipo de la vicegobernadora Hebe Casado en el Senado provincial, desde donde destacaron que la iniciativa busca simplificar el sistema normativo y eliminar leyes que ya no se aplican en la práctica.
La norma es la continuidad de la primera “Ley Hojarasca”, aprobada en agosto de 2025, cuando se derogaron 75 leyes en desuso.
El nombre surge de una metáfora impulsada a nivel nacional por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que utilizó el término “hojarasca” para describir la acumulación de normas antiguas que siguen vigentes aunque ya no tengan aplicación real.
En la primera etapa del trabajo se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950. Para la segunda fase se revisaron 172 normas aprobadas entre 1950 y 1975, de las cuales finalmente se derogaron 91.
Entre las normas que quedaron sin efecto figuran disposiciones que hoy resultan anacrónicas o que fueron reemplazadas por sistemas más modernos.
Una de ellas establecía que los restaurantes debían ofrecer un vino con marbete oficial y precio regulado para turistas. Otra obligaba a producir pan económico en la panadería de la penitenciaría, con una inversión estatal fija.
También se derogaron leyes que regulaban los ficheros y catálogos físicos de la Biblioteca Legislativa, una norma destinada a fomentar el cultivo de remolacha azucarera —actividad que nunca prosperó en la provincia— y una regulación que imponía horarios rígidos de apertura y cierre para los comercios.
Entre las disposiciones eliminadas también figura la Ley N.º 3.514, que otorgaba al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para controlar precios y márgenes de ganancia, dictada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Asimismo, se derogó una normativa que establecía subsidios específicos para pacientes con tuberculosis, un sistema que con el tiempo fue reemplazado por programas de salud más amplios e integrales.
Desde el gobierno provincial señalaron que la iniciativa forma parte de un proceso de actualización legislativa destinado a ordenar el marco normativo y eliminar regulaciones que ya no tienen aplicación en la actualidad.