El abogado Juan Cruz San Martín, especialista en derechos de las personas con discapacidad, advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema de atención en Argentina y denunció que el recorte de financiamiento está afectando tanto a profesionales como a miles de familias.
Durante su paso por El Living de NewsDigitales, analizó la situación actual bajo el gobierno de Javier Milei y aseguró que el problema central no está en las leyes, sino en la falta de recursos para cumplirlas.
“Argentina tiene uno de los sistemas jurídicos más avanzados del mundo en materia de discapacidad. El problema es la práctica: lo están desfinanciando”, sostuvo el letrado.
Según explicó, el marco legal reconoce una amplia cobertura de derechos para las personas con discapacidad y sus familias, pero en la práctica las obras sociales, prepagas y organismos estatales suelen poner obstáculos burocráticos o económicos para cumplir con las prestaciones indicadas por los médicos.
San Martín señaló que la crisis se profundizó en los últimos meses por el congelamiento de los aranceles que reciben los profesionales que trabajan en el sistema de discapacidad. “El sistema es ejemplar, pero si lo desfinanciás terminás destruyendo todo el entramado”, afirmó.
El abogado puso ejemplos concretos: terapeutas, transportistas y acompañantes terapéuticos que reciben pagos muy por debajo de la inflación o con demoras de hasta dos meses.
En algunos casos, explicó, los honorarios pueden ser de 16.000 pesos por sesión o menos de 400.000 pesos mensuales para un acompañante terapéutico, montos que vuelven inviable la continuidad de muchas prestaciones.
“Cuando los profesionales empiezan a irse al sector privado porque no les alcanza, el sistema se rompe y los chicos se quedan sin atención”, advirtió.

Uno de los aspectos que más preocupa al abogado es la situación de las familias, que muchas veces quedan atrapadas en un sistema burocrático sin información ni acompañamiento.
“La angustia con la que las familias llaman es enorme. Se sienten solos y nadie les explica qué hacer”, relató.
San Martín explicó que muchas personas con discapacidad requieren múltiples terapias semanales y un complejo esquema de cuidados. Cuando una prestación se interrumpe, el impacto se extiende a toda la vida familiar.
“Si el acompañante terapéutico deja de ir a la escuela porque no le alcanza para trabajar, el chico no puede asistir. Y si el chico no va a la escuela, la madre o el padre tampoco pueden ir a trabajar. El sistema se desintegra”, explicó.
Durante la entrevista también se refirió al caso del arquero de Independiente Rodrigo Rey, cuyo hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue rechazado por una escuela de La Plata que no quería renovar su matrícula.
Para San Martín, el caso expuso una realidad frecuente que muchas familias enfrentan en silencio. “El derecho a la educación es constitucional. Lo que diga la escuela puede gustarte o no, pero no puede vulnerar ese derecho”, afirmó.
El abogado aseguró que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia, aunque pocas veces llegan a la agenda pública.
Otro de los temas que abordó fue el caso de Ian Moche, el niño con autismo que se transformó en una figura visible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y que quedó envuelto en una polémica política con el gobierno.
San Martín sostuvo que el ataque al niño expuso tensiones profundas en el debate público. “Es muy fácil atacarlo porque tiene 12 años, pero su caso derribó muchos velos”, añadió.
El abogado cuestionó además los dichos de funcionarios y el clima de confrontación que se generó alrededor del tema.
En ese contexto también criticó las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine, quien puso en duda públicamente la condición de discapacidad de Ian. “Se equivocó. Lo que dijo estuvo fuera de lugar”, sostuvo el abogado, y advirtió que este tipo de discursos terminan afectando a todo el colectivo de personas con discapacidad.

San Martín afirmó que el conflicto actual generó algo que antes no existía: una movilización conjunta del colectivo de discapacidad.
“Se encontraron con un movimiento que nunca antes se había reunido de esta manera”, aseguró.
En ese marco, señaló que la prioridad es exigir que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad y que se actualicen los aranceles para sostener el sistema. “El derecho se tiene que cumplir porque sí. No debería depender de hacer un amparo judicial”, afirmó.
El abogado concluyó con un llamado a sostener la organización del sector y a defender los derechos conquistados. “Es un momento de resistir, de dar lucha y de exigir que la ley se cumpla”, planteó.
Según advirtió, lo que está en juego no es solo el funcionamiento de un sistema de prestaciones, sino la calidad de vida de miles de personas con discapacidad y sus familias en todo el país.