Caso Marcelita Iglesias: qué dice el fallo de la CIDH que condenó al país

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó formalmente al Estado argentino por la muerte de Marcelita Iglesias, ocurrida en 1996 tras ser aplastada por una escultura de hierro. El tribunal internacional dictaminó que la República Argentina incumplió sus deberes fundamentales de regulación, supervisión y fiscalización sobre la instalación de la obra en el predio público del Paseo de la Infanta. 

El fallo de la CIDH establece una serie de medidas de rehabilitación que incluyen el pago de gastos por tratamientos médicos y psicológicos para los progenitores de la niña. Además, la resolución ordena la creación de un espacio de memoria y recreación destinado a la niñez y la adolescencia en un plazo de dos años, siempre que la familia preste su conformidad para dicho proyecto. 

Esta medida busca transformar el sitio de la tragedia en un lugar de concientización social y respeto por los derechos de los menores en espacios públicos de gestión urbana.

Tras conocerse la sentencia, Nora Ribaudo, madre de la víctima, manifestó su satisfacción al considerar que finalmente se pudo cumplir con la memoria de su hija después de tres décadas de incansable lucha judicial.  Como parte de las garantías de no repetición, la sentencia obliga al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a publicar y mantener de forma permanente una compilación de toda la normativa vigente sobre la materia. 

Esta disposición técnica apunta a evitar que negligencias similares en la fiscalización de estructuras pesadas vuelvan a poner en riesgo la vida de ciudadanos en paseos públicos. Asimismo, el Estado deberá abonar las indemnizaciones compensatorias fijadas por el tribunal en concepto de daños materiales e inmateriales sufridos por los padres durante el proceso.

La abogada de la familia, Laura Del Cerro, destacó el enorme valor social que representa este veredicto para la jurisprudencia regional y el sistema de protección de derechos humanos. Cabe recordar que la causa penal en Argentina se inició contra el escultor, los dueños de la galería de arte y varios ex funcionarios públicos por homicidio y lesiones culposas.  Sin embargo, en el año 2005, la justicia local dictó la prescripción de la causa al considerar que se produjeron demoras excesivas para elevar el caso a juicio oral.

Desde aquel cierre en las instancias nacionales, los padres de Marcelita iniciaron un camino de apelaciones internacionales para revertir la impunidad que generó el dictamen de prescripción en la Ciudad de Buenos Aires. Tras años de respuestas negativas en los tribunales locales, la intervención del organismo internacional logra establecer la responsabilidad estatal que la justicia argentina omitió determinar en tiempo y forma.