Carlos Varela, abogado de barras y narcos: "He defendido al Diablo, pero he defendido a Dios también”

“He defendido al Diablo, pero he defendido a Dios también”. Con esa frase, el abogado penalista Carlos Varela resume una de las discusiones más incómodas del mundo judicial: el lugar del defensor cuando le toca representar a acusados de delitos graves.

Varela defendió durante años a figuras pesadas del mundo criminal rosarino, entre ellas integrantes de la banda de Los Monos, los capos de la barra de Rosario Central y Newells, "Pillín" Bracamonte y "Pimpi" Caminos (ambos asesinados), y al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. 

“Posiblemente los que ejercemos el derecho penal, no todos, por cierto, pero algunos tenemos un umbral del miedo más alto que los demás”, responde en el Living de NewsDigitales cuando se le pregunta sobre cómo es tratar con criminales que generan temor en buena parte de la sociedad.

El penalista reconoce que el vínculo con esa clase de clientes no está exento de tensiones. Sin embargo, sostiene que en ese mundo hay una regla que nunca se puede romper: la sinceridad profesional. “Lo peor que le podés decir a una persona que está sometida a procesos penales es ocultarle o mentirle”, afirma.

Según cuenta, con el paso del tiempo él y su estudio comenzaron a alejarse de algunas defensas de alto perfil cuando entendieron que las discusiones jurídicas habían quedado relegadas frente a decisiones políticas que ya habían marcado el destino de determinadas causas.

En paralelo, el abogado describe un cambio profundo en las condiciones de detención de los presos considerados peligrosos. En ese punto lanza una de las comparaciones más fuertes de la entrevista: “Hoy las cárceles son como Guantánamo”.

Varela asegura que los detenidos catalogados como de alto perfil viven bajo un régimen de aislamiento extremo. “Una persona que cae presa y es catalogada como de alto perfil está sola encerrada en una celda durante 23 horas, sale una hora por día, no tiene contacto con los familiares”, describe.

Incluso el vínculo con los defensores quedó restringido. “El contacto con los abogados que puede tener con su defensa para preparar una audiencia o lo que sea o el juicio propiamente dicho es controlado directamente por el personal del servicio penitenciario y grabado”, agrega.

Para el penalista, el endurecimiento del sistema penitenciario respondió a una demanda social de orden frente al crecimiento de la violencia en Rosario. Sin embargo, advierte que ese proceso tuvo consecuencias profundas sobre el respeto de garantías constitucionales.

“Rosario ha logrado una tranquilidad importante”, reconoce. Pero enseguida aclara que ese resultado se consiguió “por fuera de lo que son las garantías”.

La discusión, según plantea, abre una tensión cada vez más visible entre seguridad y el estado de derecho. Y en ese terreno advierte que la sociedad parece haber aceptado un cambio de paradigma.

“Una vez que una persona de determinadas características cae presa, es como que quedó la muerte civil y está en una tumba, aún estando vivo”, concluye.