El tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares de Argentina comenzó a generar una fuerte participación ciudadana que complica los tiempos previstos por el oficialismo para su aprobación.
Tras la inscripción de más de 18.000 personas en menos de una semana para intervenir en el debate, diputados de la oposición solicitaron que las audiencias públicas previstas no se limiten a dos jornadas.
La iniciativa para ampliar el plazo fue presentada por legisladores de distintos espacios políticos. El pedido lleva las firmas de Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
En el documento, los diputados advirtieron que si la participación pública se reduce a instancias “meramente formales o simbólicas” podría aumentar el riesgo de judicialización del proceso legislativo.
El cronograma actual prevé dos instancias de participación ciudadana: una audiencia presencial el 25 de marzo en Buenos Aires y otra virtual el 26 de marzo.
Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 20 de marzo en el registro habilitado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
‼️ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA POR LA REFORMA A LA LEY DE GLACIARES
— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 5, 2026
Que se escuchen TODAS las voces!! 💪🏼
📝La inscripción al Registro de Participantes puede ser a título personal o en representación de personas jurídicas de dos maneras:
🚶🏽♀️ 1) Presentándose… pic.twitter.com/ebwXAvfkdC
Cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para intervenir durante la audiencia, mientras que las presentaciones escritas podrán tener hasta diez páginas.
El proyecto plantea modificaciones a la normativa vigente que regula la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. Entre otros puntos, la iniciativa ratifica a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, pero también habilita a las autoridades provinciales a determinar cuándo una reserva es considerada estratégica y a intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares.
El debate se da en un contexto de fuerte interés de provincias cordilleranas y empresas vinculadas a proyectos mineros que dependen de cambios regulatorios para avanzar con inversiones en la región.
ND